
El proyecto para reestructurar el esquema del subsidio al gas dio un paso clave tras lograr despacho de mayoría en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, no sufrió modificaciones respecto del texto aprobado en la Cámara de Diputados y quedó habilitada para su tratamiento en el recinto durante la próxima semana.
El oficialismo sumó el respaldo de los bloques de La Libertad Avanza y el PRO, junto al acompañamiento de legisladores de provincias del norte y de la región neuquina. En contraposición, la propuesta no contó con la firma del santacruceño José María Carambia, además de representantes de la UCR, el bloque cordobés y la representación de San Luis.
La propuesta retrotrae el régimen al esquema previo a la sanción de la Ley 27.637 de 2021, la cual había ampliado la cobertura hacia diversos departamentos de provincias del centro y norte del país. Con este cambio, un total de 1.600.000 usuarios de zonas consideradas templadas perderán el subsidio generalizado.
Durante su exposición ante el plenario, la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, argumentó que la extensión aprobada en 2021 generó distorsiones al financiarse mediante el recargo sobre el consumo de gas que pagan todos los usuarios del país, incluidas pymes y sectores vulnerables de conglomerados urbanos.
Desde la cartera energética precisaron las brechas de consumo residencial para fundamentar la continuidad de la cobertura en el sur del país. Mientras que en la Patagonia el consumo promedio alcanza los 4.500 metros cúbicos anuales por las condiciones climáticas, en las áreas incorporadas durante 2021 esa cifra promedia 990 metros cúbicos y en el resto de las jurisdicciones se ubica en 650 metros cúbicos.
En cuanto al impacto en las boletas de la región, la funcionaria detalló que el grueso del costo —correspondiente al volumen de gas consumido— mantendrá la bonificación del 50 %.
El incremento tarifario derivado de la reforma se concentrará en el cargo fijo, componente que dejará de percibir asistencia estatal. De acuerdo con las estimaciones presentadas por el Ejecutivo, este rubro oscila entre 20.000 y 30.000 pesos en función de la categoría de cada usuario. La asistencia a las familias de menores ingresos continuará canalizándose mediante el mecanismo de subsidios focalizados establecido por el Decreto 943.
Con la firma del dictamen de mayoría, el proyecto quedó listo para ser debatido por el pleno de la Cámara Alta la próxima semana, donde el Gobierno buscará convertirlo en ley.
