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La Dirección Provincial de Conectividad Terrestre realizó controles en el yacimiento operado por Newmont y labró 35 actas por distintas irregularidades. Las unidades retenidas fueron trasladadas al puesto Cabo Linares.
La Dirección Provincial de Conectividad Terrestre realizó un operativo de fiscalización en el yacimiento Cerro Negro, operado por Oro Plata S.A. – Newmont, donde fueron labradas 35 actas de comprobación por distintas irregularidades y se retuvieron 11 vehículos que no contaban con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).
Los controles fueron desplegados en conjunto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y organismos dependientes del Ministerio de Seguridad, con inspecciones sobre vehículos destinados al traslado de trabajadores y otras unidades que circulaban por los caminos internos del establecimiento minero.
El procedimiento se extendió hasta el sábado 12 de septiembre y tuvo como eje la verificación de las condiciones técnicas, documentación y requisitos de seguridad de los vehículos que desarrollan tareas dentro del yacimiento.
Según informó la Dirección Provincial, la falta de RTO constituyó la principal irregularidad detectada. Como consecuencia, 11 vehículos quedaron retenidos de manera preventiva y fueron puestos fuera de servicio hasta que regularicen las condiciones exigidas para circular.
Las unidades fueron trasladadas al puesto de control Cabo Linares, ubicado a unos seis kilómetros de Perito Moreno, donde permanecieron inmovilizadas.
El director provincial de Conectividad Terrestre, Fabián Kuc, sostuvo que el objetivo de los controles es garantizar que los vehículos afectados al traslado de trabajadores o a la circulación dentro del yacimiento se encuentren en condiciones de seguridad. “Donde encontramos irregularidades, actuamos. La seguridad de los trabajadores no se negocia”, afirmó.
La fiscalización se encuadró en las disposiciones del Decreto Nacional N.º 249/07, que establece el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Actividad Minera y contempla condiciones de seguridad para los vehículos que circulan dentro de los establecimientos.
Durante el operativo se produjeron dificultades iniciales para el ingreso de las autoridades provinciales a determinados sectores del establecimiento. Ante esa situación intervino personal de la Policía de la Provincia y se dio participación a la autoridad judicial competente.
De acuerdo con la información oficial, la intervención permitió garantizar el acceso de los organismos provinciales y la continuidad de las tareas de inspección.
En las actuaciones participaron las fiscalizadoras de transporte Elizabeth Villarroel y Viviana Haro, además del secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena; el director provincial de Trabajo, Javier Peñalva; autoridades del Ministerio de Seguridad y efectivos policiales.
Después del operativo, el gobernador Claudio Vidal mantuvo un encuentro con autoridades de Newmont. Allí se acordó avanzar en una agenda de trabajo para realizar el seguimiento de las observaciones formuladas durante las inspecciones.
La agenda también contempla cuestiones vinculadas con la seguridad, el ambiente, el empleo santacruceño, la aplicación de la Ley 90/10 y la participación de proveedores locales.
El Gobierno provincial informó que los controles continuarán como parte de las tareas de fiscalización sobre las actividades productivas que se desarrollan en Santa Cruz.