Santa Cruz restituye al procurador Eduardo Sosa y finaliza un desacato de tres décadas

La Legislatura provincial aprobó el proyecto del Poder Ejecutivo para dar cumplimiento a los fallos de la Corte Suprema de Justicia emitidos en 2009 y 2010.

La Cámara de Diputados de Santa Cruz restituyó este jueves al doctor Eduardo Sosa como procurador general provincial, cumpliendo los fallos de la Corte Suprema de Justicia tras tres décadas de conflicto institucional.

El conflicto normativo comenzó formalmente en septiembre de 1995. En aquel momento, la administración del entonces gobernador Néstor Kirchner promulgó la Ley Provincial N° 2404, la cual modificó la estructura orgánica del Ministerio Público. Esta legislación fragmentó la conducción del organismo que lideraba el damnificado y decretó el cese de sus funciones constitucionales. De acuerdo con lo que explicaron fuentes parlamentarias, la disposición fue objetada en los tribunales locales y nacionales, dando inicio a un extenso litigio legal que escaló hasta la máxima jerarquía del Poder Judicial de la Nación.

Ante la presentación del exprocurador, la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervino en repetidas ocasiones para evaluar la regularidad del proceso. El tribunal nacional dictó resoluciones definitivas en los años 2009 y 2010 donde ordenó de manera expresa y taxativa la reincorporación inmediata del letrado a su cargo original. Durante más de veinte años, las sucesivas gestiones de gobierno en el territorio santacruceño no ejecutaron los mandatos establecidos. Sostuvieron las autoridades nacionales en su momento que esta dilación prolongada se constituyó como uno de los episodios de desobediencia institucional más extensos dentro de la historia jurídica del país.

La normalización de la jefatura de los fiscales provinciales se instrumentó a partir de una propuesta enviada directamente por el Poder Ejecutivo Provincial. La votación en el recinto legislativo arrojó un total de 13 voluntades afirmativas para convalidar el texto legal. Según el proyecto tratado, la aprobación parlamentaria resulta un paso indispensable para asegurar la división de poderes y garantizar el acatamiento de las decisiones judiciales que poseen carácter firme. Desde la gobernación provincial ratificaron que la sanción busca enmendar una situación irregular que afectaba la previsibilidad institucional de la provincia ante la mirada del país.

A partir de ahora, el retorno del magistrado disuelve un proceso de disputa de 31 años de duración. Los fundamentos de la norma convalidada precisan que la restitución busca devolver el equilibrio constitucional a las estructuras administrativas locales. 

La nueva normativa devuelve la estabilidad al Ministerio Público y retira a la jurisdicción de la situación de observación permanente en la que se encontraba frente a los organismos judiciales de la Nación.

Los representantes oficiales expresaron que la aprobación de la ley cierra definitivamente un ciclo de marchas y contramarchas administrativas entre distintas administraciones. El Poder Ejecutivo actual mantiene la expectativa de consolidar el respeto republicano y el fortalecimiento del sistema estatal, reconociendo que la medida repara una mora histórica, aunque persisten las instancias de notificación técnica indispensables para la asunción formal del funcionario reincorporado.