Un informe oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación ubicó a la provincia en el cuarto lugar nacional tras registrar una tasa de 16 casos cada 100.000 habitantes, en medio de un incremento sostenido del indicador a nivel federal.
El Observatorio de Política Criminal reveló que durante 2025 la provincia alcanzó una de las proporciones más elevadas de muertes por suicidio en la Argentina, posicionándose detrás de Entre Ríos, San Luis y Salta.
El registro local se enmarca en una tendencia al alza en todo el país, donde se contabilizaron 5.209 suicidios en los últimos doce meses analizados. A nivel nacional, la tasa llegó a 11,8 casos cada 100.000 habitantes mayores de cinco años, lo que representó un incremento del 57,7 por ciento en valores absolutos y del 43,9 por ciento en la tasa ponderada con respecto a las mediciones registradas en 2017.
Origen de las estadísticas
Los datos fueron consolidados a través del Sistema Nacional de Información Criminal y el Sistema de Alerta Temprana de Suicidios. Ambos dispositivos recaban información reportada por las fuerzas policiales provinciales, las fuerzas federales de seguridad y otros organismos oficiales.
El propio reporte aclara que la metodología del área de seguridad difiere de los criterios que aplica el sistema público de salud para la contabilización de defunciones, por lo que las cifras responden estrictamente al registro de las fuerzas de seguridad.
Impacto en franjas jóvenes
A nivel federal, la tasa de suicidios casi triplicó a la de homicidios dolosos, que en 2025 cerró en 3,6 casos cada 100.000 habitantes. Con este comportamiento, las muertes autoinfligidas se consolidaron como la principal causa de muerte violenta entre personas de 15 a 34 años.
Entre los factores de riesgo señalados por especialistas en salud mental figuran los trastornos de ansiedad, cuadros depresivos, situaciones de aislamiento, dificultades económicas, consumos problemáticos, ludopatía, ciberacoso y la falta de contención o perspectiva hacia el futuro.
Las evaluaciones del sector coinciden en la necesidad de articular herramientas de prevención temprana en ámbitos educativos y comunitarios, además de garantizar dispositivos de seguimiento profesional prolongado una vez superada la fase crítica de una intervención de urgencia.