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Diputados exigieron al Poder Ejecutivo la inmediata reglamentación del programa Santa Cruz Mental, debido al incremento de consumos problemáticos y apuestas virtuales juveniles en la provincia.
La Cámara de Diputados de Santa Cruz evalúa un proyecto de resolución para demandar la puesta en marcha efectiva de la Ley Provincial N° 3916, sancionada el 13 de marzo de 2025 y promulgada el 7 de abril del mismo año. El período de 90 días fijado para establecer su reglamentación concluyó sin novedades oficiales, lo que impide la ejecución de las partidas y tareas previstas. El 9 de abril de 2026 el cuerpo parlamentario ya aprobó un requerimiento similar, pero al no registrarse avances desde entonces, los legisladores insistieron con un nuevo instrumento legal para agilizar la respuesta institucional.
El diagnóstico que acompaña la propuesta vincula la urgencia de la norma con transformaciones en el entorno digital de los menores. Existe una exposición sostenida de niños y adolescentes a contenidos de apuestas deportivas en entornos virtuales, tendencia que se intensificó durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, impulsada por promociones masivas desarrolladas por figuras públicas, referentes digitales y deportistas de alta competencia. Según el proyecto, las redes sociales funcionan como vías principales para el consumo informativo de las franjas jóvenes, por lo que los autores consideran indispensable la intervención del Estado santacruceño mediante canales verificados.
El diseño del programa estipula la creación y distribución de herramientas pedagógicas específicas, como podcasts, piezas audiovisuales y folletería educativa digital administrada a través de las plataformas web oficiales del gobierno santacruceño. La confección de estos materiales estará a cargo de profesionales de la salud matriculados, con el objetivo de brindar herramientas de orientación respaldadas científicamente. La aprobación de este proyecto busca presionar para que el Ejecutivo defina las áreas técnicas encargadas de coordinar la producción de contenidos.
La presentación formal de la propuesta técnica cuenta con el respaldo de los diputados provinciales Piero Boffi, Fernando Martínez Alfaro y Fernando Pérez. Sostienen que la dilatación del proceso administrativo posterga una herramienta clave de asistencia social comunitaria. El trámite parlamentario actual pretende que el área administrativa central complete las definiciones operativas pendientes. La falta de un marco reglamentario específico anula los fines preventivos para los cuales nació la legislación original. Para los legisladores, la activación del programa proveerá mecanismos concretos de contención informativa ante el avance de los consumos digitales problemáticos. En el Poder Ejecutivo provincial todavía no se fijó una fecha precisa para la publicación del decreto reglamentario correspondiente.