Provincia cuestiona finanzas municipales y asegura que Río Gallegos puede pagar sueldos

El Gobierno de Santa Cruz, a través de sus ministros, presentó un análisis financiero sobre la gestión de Pablo Grasso en Río Gallegos, sosteniendo que la administración local cuenta con recursos suficientes para afrontar salarios y aportes previsionales.

La polémica entre la Provincia y la Municipalidad de Río Gallegos escaló tras la difusión de datos oficiales que desestiman los argumentos municipales sobre un posible riesgo en el pago de haberes. Los ministros Ezequiel Verbes (Economía) y Belén Elmiger (Gobierno) basaron sus declaraciones en las planillas presentadas por la propia gestión municipal.

Según el informe, entre enero y mayo el municipio percibió $68.572,6 millones, entre coparticipación y recursos propios. Para el cierre del primer semestre, la proyección de ingresos asciende a $82.848 millones. Frente a una masa salarial al 30 de junio de $37.340 millones (incluyendo el SAC), el Ejecutivo provincial sostiene que existe un excedente considerable.

El conflicto central radica en la falta de depósito de aportes y contribuciones a la Caja de Previsión Social y a la Caja de Servicios Sociales. Verbes aseguró que el salario de los trabajadores no está en riesgo y que los fondos retenidos tienen un destino específico. «Ese dinero no es ni del municipio ni de la provincia», remarcó el ministro de Economía, quien además cuestionó la falta de cumplimiento en las transferencias a los organismos previsionales.

Por su parte, la ministra Elmiger planteó un interrogante sobre el destino de los recursos municipales. De acuerdo con el cálculo oficial, tras cubrir los salarios, el municipio habría dispuesto de más de $27.000 millones para funcionamiento, cifra que superaría los $45.000 millones si se omiten las obligaciones previsionales. La funcionaria cuestionó la «falsa disyuntiva» entre el pago de haberes y el cumplimiento de las obligaciones con los organismos de seguridad social.

Hasta el momento, la discusión se mantiene en el plano de la exposición de datos y la rendición de cuentas, mientras el Gobierno provincial exige transparencia en la administración de los fondos que, según sus propios registros, habrían sido suficientes para evitar el incumplimiento con las cajas.