Profesionales inmobiliarios evalúan crear colegios separados tras el archivo del proyecto unificado

La Cámara de Diputados de Santa Cruz dispuso el pase a archivo del proyecto de ley que buscaba conformar el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos. La decisión parlamentaria responde a la persistente falta de acuerdo entre las distintas organizaciones del sector, que mantuvieron posturas divergentes durante el tratamiento en comisiones sobre la estructura y el gobierno de la entidad propuesta.

El presidente de la Asociación Civil de Inmobiliarias Santacruceñas, Pedro Uribe, confirmó que existían dos anteproyectos con enfoques distintos: uno impulsado por la Asociación de Martilleros y Corredores Públicos y otro por la Asociación de Corredores Inmobiliarios. A pesar de los intentos por unificar los textos, la especificidad de cada rol profesional impidió alcanzar un criterio común.

La distinción entre las funciones es el eje del debate. Mientras que el corredor inmobiliario se enfoca en la intermediación de operaciones de compraventa, alquileres y administración de propiedades, el martillero interviene centralmente en subastas públicas y judiciales. Esta segmentación de tareas, sumada a la posibilidad de que los corredores operen con otros bienes como automotores o ganado, fundamenta el pedido de instituciones diferenciadas.

Tras el fracaso de la unidad, la estrategia del sector se orienta a replicar modelos vigentes en otras 14 jurisdicciones del país, donde existen colegios independientes para cada rama. Se mencionan los antecedentes de Córdoba y Salta como referencias para destrabar la regulación profesional en la provincia.

Otro punto de fricción es el reconocimiento de los «idóneos». La Ley Nacional 25.028, sancionada a fines de los años 90, estableció la obligatoriedad del título universitario. Sin embargo, en Santa Cruz existe un número considerable de trabajadores que ejercen la actividad desde antes de la normativa y reclaman mecanismos de matriculación que validen su trayectoria, similares a los procesos de titularización en otras áreas estatales.

La discusión por la profesionalización ocurre en un contexto de retracción para el mercado local. En Río Gallegos, el sector advierte una caída en la actividad vinculada directamente al descenso del consumo general. La desocupación de locales comerciales en la zona céntrica y el incremento del endeudamiento familiar a través de tarjetas de crédito reflejan la complejidad del escenario actual para las inmobiliarias.

El archivo parlamentario devuelve el debate al ámbito de las asociaciones. El próximo paso administrativo requiere la presentación de nuevas iniciativas legislativas que contemplen, de forma separada o bajo una estructura compartida pero con autonomías claras, la regulación de ambas profesiones en el territorio provincial.