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Policías autoconvocados, mantienen el acampe pacífico frente a la gobernación en Río Gallegos, en rechazo a las ofertas salariales del Ejecutivo provincial por considerarlas insuficientes.
La insatisfacción de los agentes con las propuestas oficiales motivó el inicio de una medida de fuerza que busca la recomposición de los ingresos del sector. El objetivo central de la movilización consiste en lograr incrementos salariales genuinos que se apliquen de forma directa al sueldo básico de la administración pública provincial. La diferencia entre los sueldos percibidos por el personal de seguridad y el costo de vida actual constituye el eje de la controversia.
Un agente inicial percibe mensualmente una cifra de $1.100.000, un monto que posiciona a los trabajadores por debajo de la línea de pobreza en la región patagónica.
El desfasaje económico se evidencia al contrastar los sueldos del escalafón con los indicadores de consumo locales. El vocero del sector, el suboficial mayor retirado Diego Rodríguez, explicó que la canasta básica de alimentos y servicios esenciales en la provincia supera actualmente los $2.200.000. El portavoz consideró legítimo el porcentaje solicitado por los uniformados y desestimó las críticas de las autoridades institucionales sobre las pretensiones económicas de las comisarías locales, las cuales registran una elevada adhesión a la protesta.
Los agentes sostienen la permanencia en las carpas, en los alrededores de la sede gubernamental, compartiendo el espacio de reclamo con trabajadores de las áreas de salud y educación. A pesar de las demoras en el tránsito vehicular generadas por las manifestaciones colectivas, el coordinador de la medida aseguró que el ingreso y la atención en el edificio público funcionan con normalidad, ya que los portones principales permanecen abiertos para permitir los trámites de los ciudadanos.
Los delegados del movimiento descartaron la existencia de imputaciones o directivas de desalojo por parte de las autoridades judiciales. Respecto a una eventual intervención de corporaciones de seguridad del Estado nacional, como la Gendarmería Nacional o la Prefectura Naval Argentina, el portavoz de los autoconvocados advirtió que el sector evitará confrontaciones físicas, aunque mantendrá firme la posición frente a posibles avances de fuerzas federales en el perímetro del campamento.
El futuro del plan de lucha se encuentra ligado a la evolución de las negociaciones colectivas en la capital santacruceña. Los representantes del personal subalterno confirmaron su asistencia a un nuevo encuentro de la mesa paritaria sectorial convocado por las autoridades. La conducción de la asamblea ratificó el compromiso de dar continuidad a las medidas de fuerza en caso de que las autoridades del Ejecutivo provincial no presenten contrapropuestas que satisfagan las demandas de haberes dignos y sumas remunerativas.
La resolución del conflicto salarial depende del resultado del diálogo paritario fijado para la jornada. Los referentes policiales sostienen que la medida se mantendrá firme si no se alcanzan los montos requeridos. El impacto definitivo de una nueva propuesta económica y la postura final de la jefatura de la fuerza sobre los porcentajes de incremento salarial continúan bajo un marco de incertidumbre en el ámbito institucional.