Ocupación en El Chaltén: el Concejo pide informes oficiales y la Justicia frena el desalojo

El Concejo Deliberante de El Chaltén aprobó este jueves un requerimiento de informes al municipio para conocer la asistencia social destinada a un centenar de ocupantes en un hotel embargado.

El inmueble involucrado pertenece a la familia Kirchner y registra una medida cautelar de embargo en el marco de expedientes por presunta corrupción. De acuerdo con lo que explicaron a este medio fuentes legislativas, la estructura permanece judicializada debido a una denuncia por usurpación. El propósito de la reciente disposición apunta a establecer los mecanismos de contención pública dirigidos a las 100 personas que habitan el predio desde hace veinticuatro meses bajo condiciones de precariedad extrema.

La intervención del parlamento comunal responde a la urgencia que rodea a este asentamiento, donde conviven numerosos menores de edad. Según el proyecto aprobado, resulta indispensable evaluar las acciones de la Secretaría de Políticas Sociales local para asegurar el resguardo de los derechos consagrados en la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Existe un mandato de lanzamiento emitido en diciembre de 2025 por el magistrado de El Calafate, Carlos Albarracín. La resolución judicial pautaba la ejecución original para el 30 de abril del corriente año; sin embargo, la judicatura resolvió interrumpir provisionalmente el procedimiento. «El desalojo quedó suspendido», explicó una de las personas que planificó el seguimiento del caso, aludiendo a la falta de soluciones habitacionales en una comuna declarada oficialmente bajo Emergencia Habitacional y Social.

La iniciativa parlamentaria logró su sanción por mayoría reglamentaria durante la última sesión ordinaria de la fuerza Cambia Chaltén. El autor de la propuesta, el concejal Ignacio Moreno Hueyo, obtuvo el respaldo de sus pares Carlos Ticó y Elizabeth Romanelli. En contraposición, la edil Estefanía Leyes optó por abstenerse, mientras que el edil Heber Zella registró ausencia en la jornada de debate.

Los antecedentes de la edificación reflejan severas deficiencias estructurales que afectaron el entorno urbano circundante. El 31 de enero de 2025 se produjo un siniestro eléctrico derivado de conexiones clandestinas que abastecían de energía al ex hotel. Este incidente interrumpió el suministro eléctrico de la propiedad y del Puesto Sanitario adyacente, lo cual evidenció el peligro latente para los residentes y la comunidad civil.

El bloque opositor que impulsó la medida aclaró que la meta principal reside en fiscalizar el auxilio que proveen los diferentes estamentos estatales. «Buscamos proteger a los menores», señaló Ignacio Moreno Hueyo al fundamentar el pedido ante las comisiones del cuerpo legislativo. El requerimiento busca forzar una respuesta coordinada que trascienda la mera recopilación de datos demográficos.

El conflicto traslada la atención hacia las responsabilidades administrativas de los Gobiernos municipal y provincial ante el déficit de viviendas. Las proyecciones institucionales sostienen que el aplazamiento judicial otorgará un margen provisorio para que el Poder Ejecutivo diseñe un plan de relocalización. No obstante, las autoridades todavía no han definido qué alternativas habitacionales reales se ofrecerán a las familias vulnerables involucradas antes de que expire la prórroga del desalojo.