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El juez Eduardo Quelín investiga desde este jueves el fallecimiento de un exoficial en Las Heras, luego de que una autopsia revelara un disparo letal en una escena previamente lavada.
El hallazgo sin vida de un jubilado de la fuerza de seguridad provincial de 67 años motivó un expediente penal que altera la rutina judicial de la zona norte de Santa Cruz. De acuerdo con lo que explicaron,el episodio comenzó la noche del último miércoles, cuando los uniformados acudieron al domicilio que el difunto compartía con su pareja. Al ingresar, observaron el cuerpo inerte sobre una silla, sin rastros aparentes de criminalidad.
En los primeros momentos de la inspección ocular, la ausencia de desorden, armamento o fluidos orientó la pesquisa hacia un deceso por causas biológicas. Un profesional de la salud que asistió al lugar diagnosticó verbalmente una falla cardíaca.
Por otra parte, la intervención de un segundo facultativo resultó determinante para la causa. Este médico constató inconsistencias que le impidieron rubricar el certificado oficial por muerte natural, lo que derivó en la apertura de un sumario por fallecimiento de etiología dudosa y la consecuente remisión del cadáver a la morgue.
El estudio anatómico practicado 24 horas después del descubrimiento inicial modificó el expediente procesal. Los peritos extrajeron un proyectil alojado en la cavidad craneal del exuniformado. Según el reporte técnico, el impacto mostraba un orificio de ingreso, pero carecía de trayectoria de salida. «El hallazgo balístico obligó a reconfigurar la totalidad de las actuaciones», señaló una fuente de la investigación al tanto de los procedimientos. La falta de detección temprana de esta herida puso bajo análisis el desempeño de los primeros agentes y médicos intervinientes en el lugar.
Frente a los nuevos elementos de prueba, las autoridades citaron nuevamente a la conviviente del fallecido y a quienes alquilan dependencias en la misma propiedad. Durante los interrogatorios, los allegados declararon que sanearon la habitación antes del arribo de los patrulleros. Argumentaron que tomaron esa decisión ante la presunción de que los efectivos policiales demorarían en llegar al domicilio. Esta alteración del entorno explica la inexistencia de material hemático durante la inspección inicial y apuntala la sospecha sobre la sustracción del arma percutada.
A partir de estas contradicciones, el titular del Juzgado de Instrucción de Las Heras ordenó la participación inmediata de la División de Investigaciones (DDI). Los agentes ejecutaron un registro domiciliario durante la tarde del jueves para recolectar evidencia física. En ese operativo, las fuerzas de seguridad secuestraron dispositivos móviles y otros objetos vinculados al círculo íntimo de la víctima, cuyo análisis técnico resulta clave para el avance procesal.
Las autoridades judiciales mantienen el secreto de sumario mientras intentan reconstruir la dinámica de los hechos ocurridos en el interior del inmueble. El juzgado evalúa actualmente tres líneas de trabajo que incluyen el acto suicida, la contingencia accidental o un homicidio con posterior encubrimiento. La resolución de los peritajes tecnológicos y balísticos aportará definiciones sobre la situación legal de los moradores que manipularon el lugar del hecho.