La Justicia ordenó frenar el avance de Sea Lion en Malvinas

La jueza federal de Río Grande Mariel Borruto hizo lugar a la cautelar presentada por un excombatiente de la Guerra de Malvinas y ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited abstenerse de iniciar o continuar obras vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte.

La resolución alcanza las perforaciones previstas, las instalaciones submarinas y las actividades destinadas al comienzo de la extracción comercial. También comprende obras e infraestructura vinculadas funcionalmente con el emprendimiento, entre ellas tendidos de conductos, sistemas de control e instalaciones terrestres y portuarias de apoyo.

El fallo establece además restricciones sobre determinadas operaciones financieras relacionadas con el desarrollo del proyecto. La presentación cautelar había solicitado que se impidieran nuevos contratos de financiación, desembolsos, transferencias, aportes de capital, préstamos entre sociedades vinculadas y la constitución de garantías destinadas a posibilitar las obras.

La resolución exige a las compañías que aporten información sobre la estructura societaria utilizada para desarrollar Sea Lion y detallen las entidades financieras y fondos que participan o participaron de su financiamiento.

También deberán informar los desembolsos realizados, comprometidos o pendientes, junto con las aseguradoras y reaseguradoras vinculadas al emprendimiento.

En materia ambiental, el requerimiento incluye estudios de impacto, análisis de riesgo, modelizaciones ante eventuales derrames y planes de contingencia. Las empresas deberán precisar además las obras terrestres y portuarias ejecutadas o proyectadas, así como las ampliaciones y pozos relacionados con el desarrollo de Sea Lion.

Borruto requirió a la Cancillería argentina que, en un plazo de 10 días, informe si las compañías involucradas cuentan o contaron con alguna habilitación, permiso, autorización o consentimiento otorgado por una autoridad argentina para realizar actividades de exploración, explotación u otras operaciones hidrocarburíferas en las Islas Malvinas o en los espacios marítimos circundantes que Argentina considera parte de su plataforma continental.

La jueza también solicitó información a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sobre la existencia de presentaciones o procedimientos de evaluación ambiental vinculados con Sea Lion y eventuales ampliaciones.

El organismo deberá indicar si existe alguna declaración de impacto ambiental, certificado de aptitud ambiental o acto administrativo equivalente. En caso de no existir, deberá comunicar al juzgado si posteriormente se inicia un procedimiento de esas características.

La decisión judicial se conoce después de una serie de medidas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei contra empresas vinculadas con la actividad hidrocarburífera en las islas.

El 3 de septiembre, el Gobierno anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley y un decreto reglamentario relacionados con la defensa de la soberanía y las actividades hidrocarburíferas en Malvinas.

Cuatro días después, el canciller Pablo Quirno, con patrocinio del procurador del Tesoro Sebastián Amerio, presentó una denuncia penal contra empresas vinculadas con Navitas y otros actores relacionados con la exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.

Además, el 4 de septiembre, la Oficina del Presidente informó el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas por actividades que, según el Gobierno, estarían alcanzadas por las prohibiciones establecidas en la Ley 26.659.

La resolución de Borruto aclara que la medida tiene carácter cautelar y que, por lo tanto, no constituye una decisión definitiva sobre la responsabilidad de las empresas ni sobre el conjunto de cuestiones que deberán resolverse en la causa.

El expediente queda ahora sujeto al cumplimiento de los requerimientos de información ordenados por el juzgado y al desarrollo del proceso judicial.