La Corte ratificó el decomiso actualizado y habilitó el remate de bienes

La Corte Suprema de Justicia ratificó este jueves la ampliación definitiva del embargo por 685.000 millones de pesos en el expediente Vialidad, desestimando las últimas objeciones de los implicados.

A partir de esta resolución, los magistrados de la Nación habilitaron el inicio formal de las ejecuciones patrimoniales colectivas. La medida clausura los recursos de queja pendientes de los representantes técnicos, validando la elevación del monto económico dictado originalmente en la sentencia por el direccionamiento de obras viales en Santa Cruz.

La cifra final se estableció mediante una readecuación técnica formulada por los especialistas contables del tribunal superior. El perjuicio inicial estimado se ubicaba en 85.000 millones de pesos, pero el cálculo actualizado elevó el cargo definitivo a 685.000 millones de pesos. El tribunal ratificó que la responsabilidad civil se aplique bajo una modalidad solidaria, forzando a los condenados a responder de forma conjunta por el pasivo total. Los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti convalidaron el dictamen al desestimar los planteos de nulidad.

Las acciones operativas para recuperar los fondos estatales se concentran sobre una nómina de 111 bienes. Actualmente, los tasadores oficiales designados por el Tribunal Oral Federal N.° 2 ejecutan las valoraciones de inmuebles para fijar el valor de base comercial de cara a eventuales subastas públicas. La absorción efectiva del saldo total presenta dificultades complejas debido a que gran parte del patrimonio corporativo del constructor Lázaro Báez ya sufrió liquidaciones previas vinculadas al concurso judicial de Austral Construcciones y a penalidades previas por lavado de dinero.

Los abogados defensores Carlos Beraldi y Ariel Llernovoy, apoderados de la ex jefa de Estado Cristina Fernández de Kirchner, impugnaron judicialmente la naturaleza del decomiso al sostener que este tipo de reclamos económicos requería una tramitación en la jurisdicción civil. Cuestionaron la extensión del período temporal aplicado a la exmandataria, argumentando que su responsabilidad patrimonial debió circunscribirse exclusivamente al lapso iniciado en 2009. Las instancias de Casación y el tribunal supremo rechazaron las impugnaciones, catalogando al decomiso como una sanción penal accesoria.

La disposición judicial alcanza de manera unánime a la totalidad de las personas que recibieron penas de seis años de prisión por fraude a la administración pública. Entre los antiguos cuadros del Estado penalizados se encuentran el exadministrador de Vialidad Nacional, Nelson Guillermo Periotti, y el antiguo secretario de Obras Públicas, José Francisco López. El listado de coresponsables incluye además a los ex agentes viales Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, Mauricio Collareda, José Raúl Santibáñez y Raúl Osvaldo Daruich, procesados por irregularidades detectadas en cincuenta y un contratos de infraestructura carretera entre 2003 y 2015.

Con la definición de la última instancia recursiva, el expediente regresa al tribunal de origen para coordinar la etapa operativa de enajenación de activos. Mientras la ex presidente cumple su condena en la modalidad de detención domiciliaria, los peritos evalúan la viabilidad de los remates, admitiendo que el cobro efectivo de la millonaria penalidad estará sujeto al valor real de liquidación de las propiedades incautadas.