La diputada nacional Ana María Ianni cuestionó con dureza el Decreto 915/2026 firmado por el gobernador Claudio Vidal, el cual otorga una excepción para permitir una operación inmobiliaria entre las firmas Lacustre del Sud S.A. y ASB Hospitality Calafate SAU en la Península Magallanes, en el marco del proyecto «Master Plan Ecocentro». La legisladora sostuvo que la medida desconoce las normativas de protección del área y el plan de manejo vigente, al tiempo que remarcó que cualquier modificación de este tipo debe tramitarse en la Legislatura provincial.
En sus declaraciones públicas, Ianni señaló que el procedimiento vulnera las facultades parlamentarias y perjudica al sector turístico consolidado en El Calafate. Según su postura, habilitar desarrollos de servicios en la península quiebra la equidad con los prestadores hoteleros y gastronómicos que operan desde la villa turística bajo las reglas vigentes.
La diputada indicó que el expediente administrativo remitido a la Cámara de Diputados presenta irregularidades y faltantes en el foliado. Paralelamente, puso el foco en la modificación concretada mediante el Decreto 1019/2026, que rectificó la identificación catastral original para precisar el alcance de la venta sobre las parcelas G2 (11 hectáreas, 71 áreas y 9 centiáreas) y G3 (9 hectáreas, 28 áreas y 81 centiáreas), sumando un total aproximado de 21 hectáreas.
Ianni enmarcó este cambio en un apuro del Poder Ejecutivo por avanzar con la excepción y respaldó las acciones judiciales impulsadas junto a los bloques opositores para frenar la medida mediante una solicitud de cautelar.
Respecto del rol del intendente Javier Belloni, la legisladora aclaró que el jefe comunal participa activamente en el reclamo de forma articulada con el Ente Mixto de Promoción Turística, coordinando gestiones con el sector privado local pese a no haber formulado declaraciones públicas recientes.
El planteo promovido por el sector contempla la derogación del decreto en el recinto legislativo —iniciativa presentada por el diputado Carlos Alegría— y la citación del presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP), Hugo Garay, para que brinde explicaciones detalladas sobre el procedimiento administrativo llevado adelante.