El cierre de Intercargo en Río Gallegos y Comodoro afecta a 18 familias aeronáuticas

La empresa estatal Intercargo oficializó el cierre de sus bases en Río Gallegos y Comodoro Rivadavia. La única alternativa ofrecida a los 18 trabajadores afectados es la relocalización en Buenos Aires, mientras el gremio avanza en reclamos parlamentarios.
La medida alcanza directamente a 8 empleados en la capital santacruceña y a 10 en la ciudad chubutense. Los agentes fueron notificados sobre la discontinuación del servicio de rampa en el marco de un plan de reestructuración que también incluyó el cese de operaciones en Mar del Plata hace 30 días.
Sin interés privado en las escalas patagónicas
La propuesta de traslado a la provincia de Buenos Aires constituye la única opción dispuesta por la firma. Sin embargo, desde el sector sindical remarcan la dificultad que implica el desarraigo para las familias radicadas en la Patagonia.
Desde la Unión del Personal Superior de Empresas Aeroespaciales (UPSA) cuestionaron el fundamento financiero del recorte. El secretario gremial adjunto, Marcelo Cazzulo, señaló que el ahorro generado por el cierre de ambas dependencias resulta marginal para la estructura de la empresa, cuyos ingresos operativos provienen de las escalas de mayor tráfico como Ezeiza, Aeroparque, Córdoba y Mendoza.
Aunque el proceso de apertura del mercado aerocomercial derivó en la creación de 14 nuevas empresas privadas de rampas, ninguna solicitó operar en los aeropuertos de Río Gallegos o Comodoro Rivadavia. La iniciativa privada se enfoca exclusivamente en plazas con rentabilidad asegurada.
Incertidumbre operativa en la Antártida y LADE
El repliegue de la operadora estatal plantea interrogantes sobre la logística en tierra de la Línea Aérea del Estado (LADE) y de los aviones Hércules C-130 que operan hacia la base Marambio.
Frente a la salida de Intercargo, la asistencia técnica deberá negociarse con Aerolíneas Argentinas, única compañía que dispone de rampa propia en el aeropuerto local. No obstante, la eventual prestación de ese servicio no contempla la incorporación del personal desafectado.
En el ámbito legislativo, la senadora Alicia Kirchner elevó un pedido de informes en la Cámara Alta para solicitar precisiones al Ejecutivo nacional sobre los motivos de la reorganización empresaria. Paralelamente, representantes sindicales mantienen reuniones con diputados nacionales para evaluar alternativas legales e institucionales.