Educación en Santa Cruz: el CPE elimina el pago de licencias gremiales y afectaciones

El Consejo Provincial de Educación (CPE) de Santa Cruz anunció una modificación en la estructura de asignación de recursos humanos dentro del sistema educativo provincial. De acuerdo con el informe oficial, la decisión responde a una política de fortalecimiento del sector, con el fin de garantizar que los fondos públicos se destinen específicamente al acompañamiento de las trayectorias escolares y a la presencia efectiva de trabajadores en los establecimientos educativos.

El organismo sostuvo que el propósito principal es optimizar la operatividad del sistema, asegurando que el personal docente cumpla tareas vinculadas directamente con la instrucción de los estudiantes. Esta reestructuración intenta consolidar la plantilla de trabajadores dentro de las escuelas, reduciendo las excepciones que actualmente alejan a los agentes de su función frente al aula.

Si bien el Gobierno provincial mantendrá el otorgamiento de las licencias gremiales en estricto cumplimiento de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, la novedad radica en el aspecto financiero. A partir de la implementación de esta medida, dichas licencias dejarán de contar con el beneficio de goce de sueldo por parte del Estado.

Esta disposición técnica abarca también a los agentes que actualmente ocupan cargos bajo la modalidad de afectaciones, siempre que éstas no conlleven funciones de atención directa a los alumnos. Según indicaron desde el CPE, el criterio aplicado para este reordenamiento se basa en la necesidad de redireccionar el gasto público hacia el soporte pedagógico y las necesidades edilicias.

La resolución impacta de manera directa en los representantes de los sindicatos ADOSAC y AMET. El organismo educativo remarcó que, ante la situación actual, la prioridad de la gestión es asegurar que el presupuesto educativo tenga como destino final el fortalecimiento de las instituciones escolares. Las autoridades provinciales enfatizaron que los recursos deben ser utilizados para reforzar el funcionamiento integral del sistema en toda la jurisdicción.

En paralelo a la eliminación del pago de licencias, el CPE confirmó una medida de protección laboral para el cuerpo docente. El Gobierno provincial decidió resguardar la estabilidad de los cargos de los trabajadores del sector hasta febrero del 2027. Esta acción se presenta como una contrapartida a la reorganización administrativa, con el objetivo de brindar previsibilidad a los educadores y garantizar la continuidad pedagógica en el corto y mediano plazo.

Para las autoridades del CPE, esta reconfiguración administrativa constituye un paso fundamental para reorientar el sistema educativo. La gestión confía en que, al limitar las afectaciones sin funciones y las licencias pagas, se logrará una mayor presencialidad de los docentes en los centros de enseñanza.