Destino específico de los fondos

La legisladora avaló la aplicación del artículo 22 de la Ley Provincial Nº 1782, el cual faculta a la provincia a garantizar el flujo de los recursos previsionales. Sostuvo que la resolución del máximo tribunal representa el cumplimiento estricto de la Constitución y protege la sustentabilidad de los haberes de los jubilados.

La postura de Nieto marcó diferencias con las afirmaciones del intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, quien argumentó previamente que dichos fondos se utilizaban para financiar obras locales, salud y aumentos de salarios. Nieto remarcó que las retenciones poseen una asignación específica fijada por ley, por lo que desviar esos recursos hacia otros fines resulta ilegal.

La diputada objetó el posicionamiento del bloque de Unión por la Patria, que se manifestó en contra del pronunciamiento judicial. Manifestó que la oposición de los propios legisladores al cumplimiento de una norma carece de coherencia jurídica y señaló que el fallo judicial pone fin a una dinámica constante de debilitamiento de las instituciones provinciales.

La aplicación efectiva del mecanismo de retención queda bajo la órbita de las resoluciones administrativas que adopte el Poder Ejecutivo provincial. Si bien los municipios afectados cuentan con herramientas procesales para apelar, la legisladora recordó que las sentencias del tribunal superior deben comenzar a ejecutarse de manera obligatoria.