Denuncian deficiencias en la atención médica de OSIC en la localidad de Río Turbio

María Esther Santillán, vecina de la cuenca carbonífera, denuncia fallas en la cobertura de OSIC en Río Turbio, que impiden la atención médica continua para pacientes con patologías crónicas.

La denunciante expuso las dificultades para acceder a turnos y derivaciones esenciales para su hija, diagnosticada con asma y fibromialgia. Según lo relatado por la madre, el conflicto radica en una desconexión operativa entre la delegación local y las oficinas centrales en Buenos Aires. Ambas estructuras evitaban asumir la responsabilidad administrativa de las autorizaciones, lo que provocó una parálisis en la gestión de las prestaciones.

«Se lavaban las manos», sostuvo la usuaria al describir la ausencia de respuestas concretas ante las solicitudes. Esta falta de coordinación generó un escenario donde la familia desconocía los centros habilitados, los plazos de atención y los profesionales responsables del seguimiento, situación que derivó en el envío de cartas documento por parte de la afectada para intentar forzar una resolución.

La interrupción de la cobertura afecta directamente el seguimiento clínico de la menor. La falta de continuidad en las consultas con especialistas, tales como reumatólogos y endocrinólogos, impide el tratamiento necesario para los diagnósticos de salud autoinmune y respiratoria.

La situación se intensificó recientemente cuando la cobertura fue suspendida tras un cambio de establecimiento médico, lo cual acrecentó la incertidumbre sobre el futuro terapéutico. Este cuadro, descrito por la madre como una «tortura» administrativa, imposibilita el cumplimiento de los protocolos de salud requeridos para la paciente.

Ante este panorama, un grupo de vecinos de Río Turbio inició un proceso de organización colectiva. El objetivo central es presentar un petitorio formal ante las autoridades sanitarias locales para exigir soluciones urgentes a los problemas de atención que afectan a los afiliados de la zona. La iniciativa busca revertir la vulneración de derechos básicos de los pacientes mediante un reclamo unificado.

La normativa vigente establece plazos específicos para la resolución de conflictos. Las obras sociales tienen la obligación de responder a los reclamos de sus afiliados en un tiempo máximo de cinco días hábiles, aunque el período puede extenderse según la complejidad del expediente.

Si la entidad prestadora no brinda una respuesta satisfactoria, los usuarios cuentan con la instancia de realizar una denuncia formal ante la Superintendencia de Servicios de Salud. Asimismo, ante situaciones de urgencia, se recomienda acudir a instituciones de salud pública en la zona para garantizar la atención médica inmediata.

La comunidad de la cuenca carbonífera mantiene el reclamo activo. Mientras aguardan una respuesta administrativa formal, los pacientes evalúan profundizar las medidas para garantizar el acceso efectivo al servicio médico que abonan regularmente, en un contexto donde la incertidumbre sobre la continuidad de las prestaciones persiste para los afectados.