Conflicto policial: el Gobierno rechaza el reclamo salarial por limitaciones presupuestarias 

La ministra de Gobierno santacruceña, María Belén Elmiger, admitió este lunes que la negociación salarial con la policía provincial continúa sin acuerdo debido a la imposibilidad financiera de convalidar el incremento solicitado. 

El diferendo entre el Poder Ejecutivo y el sector policial se extiende desde hace varias semanas en distintas localidades de la provincia, manifestándose mediante acampes y medidas de protesta. La discusión formal se canaliza a través de la Mesa del Consejo del Salario, un espacio de negociación colectiva abierto desde el pasado 10 de junio. Durante este período, las autoridades provinciales reformularon las condiciones de recomposición en sucesivas oportunidades para intentar destrabar la situación. Ante la falta de avances, el Ejecutivo expuso ante la Legislatura provincial un informe detallado con las once propuestas salariales formuladas y rechazadas a lo largo de las reuniones. La administración provincial argumenta que los ofrecimientos presentados agotan el margen de acción financiera de las arcas públicas. «Dentro de las 11 ofertas que ya se dieron, está el máximo esfuerzo presupuestario», señaló Elmiger al analizar la evolución de las paritarias. Desde la perspectiva del Ministerio de Gobierno, la exigencia de los agentes autoconvocados, que aspiran a un incremento del 230%, resulta inviable para la estructura de ingresos actual. Respecto al impacto macroeconómico que representan estas ofertas para una planta que supera los 6.000 trabajadores, la ministra evitó precisar el costo monetario mensual global de la última propuesta oficial. El conflicto excede la discusión del porcentaje de recomposición de los haberes. El sector de agentes autoconvocados cuestiona los mecanismos de representación en la mesa de negociación y sostiene que los pedidos acumulados arrastran deudas de meses anteriores. Entre las demandas pendientes se enumeran la actualización de las asignaciones por indumentaria, la provisión de equipamiento y la entrega de recursos operativos básicos para las comisarías.

El gobernador Claudio Vidal intervino en el debate público para respaldar la posición de sus ministros. El mandatario provincial sostuvo que, si bien el reclamo salarial de los agentes es legítimo, la persistencia de las protestas responde a la confluencia de intereses políticos partidarios ajenos a la discusión laboral. El cierre del conflicto paritario permanece sujeto a una reformulación de las expectativas de las partes, en un escenario de fuerte impacto institucional para Santa Cruz. La posición actual del Ejecutivo descarta de plano otorgar los porcentajes demandados por considerar que se debe administrar con responsabilidad fiscal. Las autoridades provinciales supeditan cualquier entendimiento futuro a que las pretensiones de los trabajadores se encuadren estrictamente dentro de las posibilidades económicas reales de la jurisdicción. Mientras tanto, el personal autoconvocado sostiene las medidas de fuerza a la espera de una propuesta que modifique las condiciones de los haberes mínimos y optimice las herramientas de trabajo de la fuerza de seguridad.