Conflicto docente en Santa Cruz: rechazo a las acusaciones de sedición y denuncia por descuentos

La conducción gremial de ADOSAC inició esta semana un paro de 72 horas en Santa Cruz en reclamo de mejoras salariales, tras rechazar acusaciones gubernamentales de desestabilización política.

Voceros sindicales explicaron que el recrudecimiento del escenario de protesta responde directamente a la falta de avances en las negociaciones paritarias del sector. El gremio docente extendió el plan de lucha frente a la ausencia de respuestas oficiales a sus demandas de recomposición de haberes y mejoras estructurales.

Ante este panorama, el congreso provincial unificó el mandato de las distintas filiales para paralizar las actividades. Las autoridades de la organización gremial argumentan que las vías de diálogo formal no han ofrecido alternativas viables para mitigar la pérdida del poder adquisitivo frente al incremento del costo de vida regional.

El malestar colectivo se profundizó debido a deducciones salariales que alcanzaron hasta 1.000.000 de pesos en las liquidaciones correspondientes al último mes, según afirmó la secretaria general de la seccional Caleta Olivia, Vanina Galván. La representante gremial denunció que estas mermas se implementaron sin un criterio administrativo claro y transparente.

Las reducciones afectaron de forma indiscriminada incluso a agentes que contaban con licencias médicas justificadas o a trabajadores que no se habían plegado a las jornadas de protesta previas. Esta situación provocó que el reclamo por la devolución de los fondos recortados se convirtiera en un punto prioritario de la agenda de negociación.

La disputa sumó un componente de confrontación política tras las declaraciones públicas emitidas por el gobernador Claudio Vidal. El mandatario provincial vinculó las medidas de fuerza con un supuesto intento de subversión contra las autoridades institucionales de la provincia y comparó la metodología sindical con levantamientos históricos de corte militar.

Desde la representación gremial desestimaron las imputaciones del jefe de Estado local de manera categórica. «Ni ADOSAC ni ningún sector quiere derrocar este gobierno», enfatizó Galván, remarcando que las decisiones del espacio surgen de los mandatos de las bases en asambleas.

En paralelo, la dirigencia sindical cuestionó el distanciamiento del Poder Ejecutivo respecto de las problemáticas de infraestructura edilicia que atraviesan los establecimientos educativos de la provincia. Los representantes manifestaron que la gestión apela a argumentos basados exclusivamente en la vocación profesional para postergar el debate económico de fondo.

El sindicato sostiene que mantendrá las demandas por un salario digno que permita cubrir alimentación y alquileres en la Patagonia. Al mismo tiempo, advierten que las comparaciones gubernamentales con conducciones gremiales previas buscan interferir de manera externa en la vida institucional de la asociación.

Para la administración provincial, las protestas representan una obstaculización de las metas educativas y se interpretan en clave de confrontación partidaria. Por su parte, el sector docente condiciona la normalización de la actividad en las aulas al cese de las retenciones y a la formalización de una propuesta salarial superadora. En el ámbito oficial todavía no está definido si se convocará a una nueva mesa paritaria para destrabar el conflicto en el corto plazo.