Caso Celeste Maldonado: retraso por falta de autopsia y reclamo en Río Gallegos

Allegados de la docente fallecida en marzo de 2024 se manifestaron en la plaza principal. Denuncian que el médico acusado continúa en funciones de manera habitual.

Familiares de la docente Celeste Maldonado exigieron este domingo en Río Gallegos avances judiciales por su fallecimiento en 2024, paralizado por la ausencia de la autopsia definitiva.

La parálisis en los tribunales locales motivó una nueva acción pública por parte de los allegados de la víctima. Durante la tradicional ceremonia cívica dominical, el círculo cercano de la mujer mostró la falta de novedades en el expediente que investiga el deceso de la trabajadora de la educación. La intención de la protesta consiste en visibilizar el estancamiento que afecta directamente el esclarecimiento del hecho.

La cronología del acontecimiento se remonta a marzo de 2024. En aquella fecha, la paciente concurrió al Sanatorio Medisur con el propósito de someterse a una operación programada para remover miomas uterinos. Sostuvieron los familiares, que el cirujano interviniente resolvió avanzar de forma directa con la fijación del procedimiento, descartando previamente cualquier tipo de tratamiento alternativo para abordar el cuadro clínico de la mujer.

El personal médico les transmitió que se trataba de una intervención de retorno inmediato y catalogada como de escaso riesgo. Pese a estas previsiones iniciales, el desenlace clínico varió drásticamente cuando la docente perdió la vida dos días después de ingresar al centro de salud privado de la capital provincial.

A partir de ahora, la controversia principal se traslada de forma íntegra al ámbito de los tribunales. La tramitación de la denuncia por presunta mala praxis médica se encuentra radicada en el Juzgado Civil N.º 3. Según el entorno de la damnificada, las actuaciones administrativas y las pericias complementarias no registran movimientos significativos desde el inicio de las acciones legales.

La principal traba para el avance de la causa radica en una de las deficiencias de carácter técnico-forense. El juzgado interviniente todavía no incorporó al expediente el informe final de la necropsia, elemento indispensable para que la fiscalía pueda determinar si existió responsabilidad profesional en el quirófano.

Otro punto que genera disconformidad entre los allegados es la actualidad administrativa del médico que estuvo a cargo de la operación ginecológica. Mientras el proceso legal continúa sin definiciones de fondo por la falta de pruebas periciales, el especialista mantiene habilitada su matrícula oficial.

La falta de medidas cautelares o de suspensiones preventivas por parte de los organismos de control permite que el profesional denunciado continúe con el desarrollo de sus tareas médicas habituales en la ciudad. Esta circunstancia incrementa el pedido de celeridad por parte de la comunidad educativa y los familiares, quienes insisten en la urgencia de establecer las responsabilidades correspondientes.