Casación dejó firme el decomiso de 111 bienes de Kirchner y ordenó la devolución al Estado

La Cámara rechazó los recursos de la defensa e impidió que el expediente escale a la Corte Suprema. Entre los inmuebles afectados hay diez departamentos en Río Gallegos.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el decomiso de 111 bienes vinculados a Cristina Kirchner, sus hijos y al empresario Lázaro Báez en el marco de la causa Vialidad, al rechazar los recursos extraordinarios de la defensa que buscaban llevar el caso a la Corte Suprema.

Los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky suscribieron la resolución que, por mayoría, desestimó la totalidad de los planteos extraordinarios de la defensa. El pronunciamiento completa así la ejecución de la condena a seis años de prisión domiciliaria que pesa sobre la expresidente por administración fraudulenta en la distribución de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz.

Hornos sostuvo que el decomiso encuentra sustento en que el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida, y calificó el ilícito como comprobado y con condena firme. Según su voto, la obra pública vial nacional durante la gestión kirchnerista generó un flujo económico que causó un perjuicio de magnitud extraordinaria al erario público.

La defensa argumentó que el decomiso de propiedades recibidas por herencia o cesión gratuita por Máximo y Florencia Kirchner vulneraba garantías constitucionales como los principios de legalidad, inocencia, culpabilidad y derecho de propiedad. El tribunal rechazó esos planteos por considerarlos ya tratados en instancias previas.

Hornos señaló que la circunstancia de que los hijos de la expresidente no estén imputados en la causa penal no obsta al decomiso, porque existe una vinculación razonable entre los bienes y el provecho económico derivado del delito. Agregó que la transmisión hereditaria o gratuita no neutraliza la posibilidad de ejecutar los bienes si forman parte del circuito patrimonial alcanzado por la medida.

Borinsky votó en minoría al considerar que correspondía habilitar parcialmente la instancia extraordinaria para algunos inmuebles de Máximo y Florencia Kirchner, así como para ciertas empresas de Báez. Su argumento central fue que el decomiso de esos bienes careció de sustento normativo suficiente, al apartarse de los parámetros temporales que el propio tribunal de juicio había fijado: el 23 de abril de 2004 como fecha de inicio para evaluar qué bienes podían quedar alcanzados. El camarista señaló que la sentencia cuestionada no respondió a esa objeción, planteada en tiempo y forma por las partes.

Entre los inmuebles afectados se encuentran diez departamentos en Río Gallegos y cinco lotes del complejo hotelero Los Sauces, ubicado en el Lago Argentino. En cuanto a los bienes de Lázaro Báez, el decomiso recae sobre inmuebles pertenecientes a dos de sus empresas: Kank y Costilla, y Loscalzo y Del Curto.

Con este pronunciamiento, la Justicia cerró la vía recursiva extraordinaria antes de que el expediente pudiera alcanzar a la Corte Suprema. El proceso de ejecución del decomiso seguirá su curso en las instancias correspondientes, aunque los plazos y mecanismos concretos de transferencia de los bienes al Estado nacional aún no han sido determinados públicamente.