apel asume funciones entre reclamos salariales y falta de reconocimiento

El acto de asunción, desarrollado el 24 de mayo en la sede gremial, marcó el inicio formal del mandato de cuatro años para la lista «Somos Legislativos». El binomio integrado por David Catrihuala, como secretario general, y Layla Gironi, como secretaria adjunta, encabeza la nueva estructura directiva que conducirá los destinos de la organización hasta 2030. La ceremonia contó con la presencia de afiliados, legisladores y representantes de otros sindicatos.

El equipo se completa con los secretarios Héctor Subiabre (Organización), Ruth Suarez (Acción Social), Paola Chacón (Administrativa y de Actas), Matías Vidal (Finanzas) y Camila Canales (Prensa). La nómina de autoridades incluye, además, una serie de vocales titulares y suplentes, junto a los integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas, quienes completan el esquema de representación elegido en las elecciones del 18 de marzo.

La gestión comienza bajo una marcada fricción política con la vicegobernación de la provincia. El foco del conflicto reside en la postura de Fabián Leguizamón, quien se ha negado a reconocer la legitimidad de la flamante comisión directiva. El argumento oficial se sostiene en la ausencia de las certificaciones finales emitidas por el Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Según explicaron los dirigentes del sindicato, este proceso administrativo nacional suele extenderse durante varios meses. Para los referentes de «Somos Legislativos», esta dilación no invalida la voluntad expresada por los trabajadores en las urnas ni impide la continuidad del funcionamiento gremial. Al respecto, desde la comisión advirtieron que mantendrán su actividad cotidiana y los reclamos sectoriales, independientemente de la falta de interlocución formal con las autoridades provinciales.

Más allá del plano institucional, la agenda inmediata de la nueva conducción está marcada por necesidades económicas urgentes de los afiliados. Los dirigentes cuestionaron el congelamiento salarial que atraviesa el sector y denunciaron la falta de recategorizaciones durante los últimos tres años.

Esta combinación de factores —la pérdida del poder adquisitivo y el estancamiento administrativo— configura el escenario en el que la nueva conducción de APEL pretende asentar su gestión. El objetivo planteado por la dirigencia es recuperar el rol del sindicato como herramienta de defensa de las aspiraciones laborales frente a la actual administración legislativa.

El horizonte inmediato para la comisión directiva implica un desafío de doble frente. Por un lado, deberán sortear los obstáculos administrativos que impiden la formalización de su vínculo con la vicegobernación. Por el otro, sostener la presión gremial ante el estancamiento de los ingresos. La postura pública de la cúpula sindical sugiere una determinación de avanzar con sus funciones gremiales habituales, desestimando la falta de reconocimiento oficial como un impedimento para el desarrollo de su actividad, bajo la premisa de que la representación de los trabajadores constituye una prioridad que no puede ser supeditada a trámites burocráticos.