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Los gremios docentes de Santa Cruz definieron posturas divididas este jueves ante la propuesta salarial del Gobierno provincial, aceptada por AMET pero rechazada por ADOSAC por considerarla insuficiente. Según fuentes ministeriales, la mesa de negociación convocada en la sede de la cartera laboral buscó destrabar el conflicto educativo mediante un esquema de aumentos escalonados y condiciones de estabilidad laboral. El Poder Ejecutivo santacruceño presentó un proyecto que apunta a garantizar el dictado de clases hasta fin de año, argumentando que el ofrecimiento representa el desembolso económico máximo que las arcas públicas pueden afrontar en el actual ejercicio. La pauta salarial estructurada por el Estado provincial contempla una recomposición escalonada que se inicia con un 3% en junio, seguido por un 10% en julio, y un 1% mensual para agosto, septiembre, octubre y noviembre. Este esquema técnico posee un carácter acumulativo y rige tanto para el personal en actividad como para el sector pasivo. La administración central condicionó el reintegro de los haberes descontados por huelgas al cumplimiento efectivo de una planificación para recuperar los días de clase perdidos.
La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) convalidó de forma integral la oferta oficial tras evaluar las resoluciones de sus bases. La decisión se sustentó en la obtención de un incremento acumulado del 17,9%, la restitución de los haberes retenidos por medidas de fuerza y la liquidación de un adicional por seguridad e higiene destinado a los preceptores de talleres mecánicos e industriales a partir del próximo mes. Requirieron que la reapertura de la discusión paritaria, proyectada originalmente para el cierre del año, se adelante a octubre. Por el contrario, la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) dictaminó que la propuesta resulta escasa para cubrir las necesidades del sector. Exigió elevar los índices porcentuales, achicar los períodos de pago e indexar los haberes automáticamente mediante una cláusula gatillo permanente. Solicitaron que el sueldo inicial para el cargo testigo se equipare con el costo de la canasta básica total, estimada en 1.900.000 pesos, y demandaron que la devolución del dinero por jornadas no trabajadas se efectivice en una única liquidación.
El debate sectorial incluyó el diseño de una agenda técnica para modificar las plantas funcionales en los establecimientos educativos. El proyecto presentado por funcionarios del Consejo Provincial de Educación prevé sostener las garantías de estabilidad vigentes y crear progresivamente puestos de preceptores en jardines de infantes, además de parejas pedagógicas en el nivel primario para el ciclo lectivo 2027. La representación de ADOSAC solicitó adelantar estos plazos organizativos a septiembre de 2026 e incorporar esquemas de reubicación para el personal en disponibilidad. La autoridad laboral determinó suspender las deliberaciones temporalmente para retomar los canales de diálogo el lunes 29 de junio al mediodía. En ese marco, los paritarios oficiales accedieron a modificar el cronograma de reuniones y fijaron la segunda quincena de octubre como fecha límite para revisar la evolución de las variables financieras de la provincia.
Para el Poder Ejecutivo, el acuerdo alcanzado con una de las terminales sindicales demuestra la viabilidad de la propuesta técnica y laboral elaborada por los ministerios intervinientes. El consenso definitivo en el sistema educativo santacruceño permanece sujeto a la resolución del conflicto con la organización mayoritaria, cuyos delegados iniciarán nuevas consultas con los trabajadores para fijar las próximas acciones gremiales antes de la reanudación del encuentro institucional.