Subsidios: el impacto en discapacidad y las modificaciones en gas

La diputada nacional Moira Lanesan Sancho criticó en Río Gallegos los recortes presupuestarios en discapacidad y gas, advirtiendo sobre la falta de respuestas estatales ante la emergencia social regional.

De acuerdo con lo que explicó la legisladora a los medios locales, el territorio provincial afronta una reducción generalizada de partidas esenciales que afecta de forma directa a los sectores vulnerables. El desafío principal radica en la asistencia directa frente a un escenario de contracción económica institucional.

La problemática del sector se profundizó tras la eliminación de los aportes destinados al traslado terrestre de las personas con discapacidad. La medida nacional transfiere la carga financiera a las empresas prestadoras de transporte automotor de pasajeros. La diputada señaló que la falta de un registro provincial de discapacidad impide dimensionar el alcance real de los ciudadanos afectados por la quita de las transferencias.

Ante este escenario, la representante legislativa formalizó un pedido de resolución en el Congreso de la Nación. El objetivo de la iniciativa radica en exigir especificaciones técnicas sobre la reglamentación de la quita de estos fondos. Asimismo, la dirigente advirtió sobre la parálisis de la ley de discapacidad provincial, norma promulgada hace más de tres años que todavía permanece sin reglamentarse por parte de las autoridades, demorando los mecanismos de cobertura previstos.

Las modificaciones en la política energética nacional también transformaron el esquema tarifario en la Patagonia. A partir de ahora, los usuarios residenciales perciben incrementos debido a los cambios en el beneficio por regiones australes. El nuevo esquema restringe el subsidio únicamente al consumo neto del fluido, excluyendo de la bonificación estatal a los componentes de transporte, distribución y cargos fijos que integran las boletas de gas.

El debate sumó tensiones de carácter partidario entre los representantes de Santa Cruz en la cámara baja. La legisladora cuestionó la postura del diputado oficialista Jairo Guzmán, reprochando su defensa de los ajustes fiscales y su gestión previa en el organismo de jubilados. Según la parlamentaria, el referente de La Libertad Avanza evita debatir las consecuencias de las medidas en los plenarios y enfoca sus declaraciones públicas en disputas con la administración de Río Gallegos.

Las proyecciones institucionales mantienen un escenario de incertidumbre respecto del impacto definitivo de las reformas en Santa Cruz. Mientras la oposición parlamentaria reclama la intervención del gobierno provincial para absorber los costos del transporte adaptado, la administración central sostiene la vigencia del plan de ordenamiento fiscal sin estimaciones oficiales públicas sobre la cobertura social remanente.