La conducción del CPE fundamentó la medida en la legislación nacional vigente

La presidente del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, confirmó en Río Gallegos la eliminación del pago estatal para licencias sindicales buscando regularizar fondos públicos bajo la normativa nacional vigente.

De acuerdo con lo que explicaron las autoridades del sector, la reestructuración administrativa del área busca establecer un esquema de gestión eficiente de los recursos estatales. La intención declarada por el Ejecutivo radica en priorizar la permanencia de los educadores frente a los cursos y asegurar el desarrollo pedagógico continuo en los establecimientos de la jurisdicción.

La provincia registra una reducción de 8.100 alumnos registrados durante el último cuatrienio. A pesar de este retroceso en las inscripciones generales, el área educativa resolvió asegurar la estabilidad en los puestos de trabajo de los maestros hasta febrero de 2027. Según argumentó la conducción ministerial, esta definición posiciona al distrito como uno de los pocos territorios del país que sostiene la totalidad de los cargos frente a la retracción general del sistema.

El mecanismo implementado se respalda en la Ley Nacional 23.551 de Asociaciones Sindicales. El instrumento jurídico reconoce el derecho a los permisos por ejercicio de representación, pero exime al Estado de la obligación de financiar los haberes de los delegados mientras duren sus funciones específicas. «Nosotros no negamos las licencias», aclaró la funcionaria en declaraciones radiales, precisando que los permisos mantendrán plena vigencia formal, aunque sin financiamiento público.

La administración centralizada ratificó la continuidad en el envío de las cuotas de afiliación correspondientes a la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC). La organización gremial percibe un monto mensual de 200 millones de pesos, lo que representa un acumulado anual de 2.400 millones de pesos. Quienes dirigen el organismo escolar señalaron que estas partidas se liquidan a término, revirtiendo irregularidades operativas registradas en períodos anteriores.

La reforma modifica la asignación de recursos dentro del presupuesto escolar y traslada el costo de sostenimiento de los cuadros sindicales a las propias organizaciones. La aplicación busca neutralizar las ausencias prolongadas en los trayectos escolares. Asimismo, la normalización de las transferencias directas hacia el gremio se presenta como una contraparte para deponer reclamos históricos sobre la regularidad de los fondos acordados por ley.

Para el organismo educativo provincial, el nuevo esquema legal regularizará el presupuesto del sector y optimizará la distribución docente. Las autoridades mantienen cautela respecto a la respuesta que adoptarán los representantes de los trabajadores ante la suspensión de las remuneraciones públicas en las tareas de representación gremial.