Reordenamiento judicial en Santa Cruz: revisión de contrataciones estatales y fin de sueldos gremiales

El máximo tribunal provincial auditará setenta designaciones recientes tras el fallo de la Corte Suprema de la Nación que convalidó la ampliación del cuerpo.

El trasfondo de esta reestructuración administrativa surge tras el veredicto del tribunal supremo nacional, el cual ratificó la normativa provincial que expandió la composición del Tribunal Superior de Justicia de cinco a nueve integrantes. De acuerdo con lo que explicaron, la nueva conformación del cuerpo focalizará su plan de acción en el ordenamiento interno del poder del Estado. El propósito principal radica en revisar las resoluciones operativas y laborales que se adoptaron durante los últimos meses de gestión institucional.

La inspección administrativa responde a un relevamiento de las decisiones de personal ejecutadas recientemente. Los integrantes del cuerpo judicial concentran su atención en los procesos de incorporación que modificaron la estructura de la planta de trabajadores sin responder a urgencias del servicio. Por esa razón, las autoridades técnicas prevén la interrupción de contratos vigentes si se comprueban irregularidades en los mecanismos de selección aplicados

El mecanismo de revisión examina en detalle la situación de setenta empleados que ingresaron al esquema judicial en el último periodo. De acuerdo con datos del sector, los nombramientos se distribuyeron en dependencias diversas, las cuales no revisten carácter de áreas esenciales. «El foco estará puesto sobre la legalidad de los expedientes», explicó una de las personas que planificó las primeras medidas de control interno, sugiriendo que la permanencia de estos agentes estatales se encuentra bajo condición de auditoría.

A su vez, la administración del tribunal superior evalúa la modalidad de liquidación de haberes correspondientes a la conducción del sindicato. La medida afecta directamente a Franco Mascheroni, secretario general de la entidad gremial Judiciales Provinciales 3 de Julio. Según el proyecto de reordenamiento, el organismo estatal suspende el pago del salario mensual del dirigente mientras dure su representación, manteniendo la reserva de su puesto laboral pero trasladando el costo financiero de sus ingresos a la estructura del propio sindicato.

Las consecuencias de la resolución judicial impactan tanto en la organización del personal como en las finanzas del sindicato demandante. A partir de ahora, la asociación de trabajadores debe asumir de manera íntegra los gastos legales derivados del litigio constitucional. El veredicto de la Corte Suprema de la Nación desestimó la demanda inicial impuesta por el gremio y determinó explícitamente que las costas procesales sean afrontadas por la entidad sindical que impulsó la acción legal.

Respecto del procedimiento legal, los ministros del tribunal nacional declararon admisibles las quejas presentadas y procedentes los recursos extraordinarios. Mediante este instrumento técnico, los magistrados dejaron sin efecto la sentencia previa de la instancia anterior y rechazaron la demanda gremial en los términos del artículo 16 de la ley 48. Por caso, el tribunal ordena la devolución de las actuaciones principales a la provincia junto con el reintegro de los depósitos monetarios realizados en el marco de las quejas radicadas bajo las carátulas correspondientes.

Para la conducción entrante del organismo, la reestructuración interna permite establecer un equilibrio en las partidas presupuestarias destinadas al personal. Si bien las autoridades locales sostienen que las auditorías comienzan de forma inmediata, el monto total que el sindicato debe abonar en concepto de costas judiciales todavía no está definido en las actuaciones oficiales.