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La ministra María Belén Elmiger defendió el proyecto oficial de financiamiento externo, argumentando que las divisas costearán infraestructura estratégica mediante el respaldo de futuras regalías hidrocarburíferas.
El Poder Ejecutivo provincial promueve un endeudamiento por hasta 600 millones de dólares. La gestión local descartó emitir obligaciones en moneda nacional debido a las condiciones adversas del mercado interno. Por esa razón, iniciaron tratativas con la Secretaría de Hacienda de la Nación, entidades financieras internacionales y la Corporación Andina de Fomento (CAF) para colocar títulos públicos y acceder a líneas multilaterales.
La justificación técnica de la medida se basa en las ventajas de los plazos externos. Según detalló la titular de la cartera de Gobierno, «la tasa de interés de la CAF es mucho más baja, rondaba entre el 6% y el 4%, con cuatro años de gracia». La normativa prohíbe aplicar estos recursos a erogaciones operativas o salarios, limitando el uso a infraestructura. El plan busca revertir las asimetrías de los municipios no integrados al sistema eléctrico nacional, donde generar electricidad cuesta hasta diez veces más que en las zonas interconectadas.
Entre las prioridades técnicas figura el interconectado entre Gobernador Gregores, Pico Truncado y la zona portuaria, además del acueducto del Lago Buenos Aires. «Si efectivamente se pone en funcionamiento el interconectado, está la posibilidad de que vuelvan empresas mineras», señaló la funcionaria respecto al incentivo corporativo en la región. Las autoridades proyectan también un corredor turístico y refacciones estructurales en Puerto Deseado.
Ante las críticas de los bloques opositores por la situación fiscal de Santa Cruz, el oficialismo contrapuso datos de la recaudación por regalías. Las arcas provinciales perciben aproximadamente 320 millones de dólares anuales por este concepto. A partir de ahora, el esquema financiero asume que el diferimiento de los pagos permitirá acumular recursos suficientes durante el período de gracia. Paralelamente, la sustitución de partidas presupuestarias liberará recursos corrientes para la administración central.
Además, la funcionaria aclaró los alcances del convenio por el retiro de la petrolera estatal de las áreas maduras. El acuerdo original estimaba ingresos por 335 millones de dólares, pero la liquidación definitiva continúa abierta por pasivos ambientales. Parte de esos recursos se volcó al programa provincial UNIRSE, mientras que el Ejecutivo reconoció que un porcentaje marginal fue derivado a la tesorería general.
Por último, el Gobierno provincial sostiene que la transformación energética otorgará sustentabilidad a la economía regional.