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El órgano supremo del país revocó la inconstitucionalidad de la legislación provincial. El dictamen consolida el diseño institucional impulsado por el Gobierno local para reformar la justicia.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó este jueves la ampliación del máximo tribunal de Santa Cruz, tras rechazar una demanda impulsada por el sindicato de trabajadores judiciales.
La resolución de los magistrados nacionales concluye un litigio originado cuando el parlamento aprobó la modificación legislativa en agosto de 2025. De acuerdo con lo que consta en el expediente, la normativa alteró la composición del Tribunal Superior de Justicia, lo que provocó una medida suspensiva en los tribunales locales. El propósito de la administración provincial consistía en modificar el artículo 24 de la legislación orgánica para incorporar nuevas vocalías.
El núcleo del debate radicaba en la validez de la ley 3949, que había sido bloqueada por la propia justicia santacruceña ante una presentación de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales. Según el fallo definitivo, las autoridades dictaminaron que la agrupación de trabajadores carecía de facultades procedimentales para impugnar un rediseño estatal de este tipo.
En el documento oficial, los jueces nacionales detallaron que la organización sindical no logró probar un perjuicio concreto sobre los derechos laborales de sus representados. Por esa razón, rechazaron el recurso de inconstitucionalidad. El escrito remarcó que revistar en la planta del Estado no otorga prerrogativas excepcionales para litigar cuestiones relativas a la independencia institucional.
Asimismo, la Corte Suprema anuló las justificaciones emitidas anteriormente por la justicia de la provincia, al calificar esas explicaciones como afirmaciones dogmáticas sin asidero. Según el texto emitido, la sentencia previa exhibía fallas argumentativas profundas que superaban la órbita de afectación de las partes involucradas.
A partir de ahora, el cuerpo judicial provincial sumará cuatro lugares inéditos para totalizar nueve magistrados. El dictamen en última instancia aclaró que no persisten barreras jurídicas para que los funcionarios designados ocupen sus despachos correspondientes de manera inmediata, una vez que certifiquen las condiciones exigidas por la reglamentación de Santa Cruz.
Tras la publicación de la medida judicial, el gobernador local utilizó sus cuentas en redes sociales para expresarse sobre la resolución del caso. El titular del Ejecutivo consideró que el fallo significa un aval normativo fundamental para el proyecto de su gestión.
Durante su mensaje público, el mandatario emitió críticas contra facciones específicas del ámbito judicial provincial. La decisión del tribunal habilita una fase política distinta en el territorio.
La disposición firmada por la Corte Suprema posee impacto directo sobre el proceso legal. Esto implica que la reforma recobra su vigencia absoluta, lo cual anula de raíz la barrera jurídica que operaba hasta el momento. Por caso, el formato con mayor número de integrantes no precisará someterse a nuevas revisiones en este nivel por los mismos planteos sindicales.
Con la causa resuelta a su favor, el Gobierno cuenta con el aval definitivo para materializar la estructura ampliada de su tribunal superior. Las autoridades seleccionadas bajo el nuevo esquema normativo tramitan el comienzo de sus actividades formales, mientras la provincia implementa la composición final sin que existan, por el momento, otros obstáculos legales pendientes de resolución.