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Ordenan a El Chaltén limitar el acopio de residuos por presunta contaminación del río Fitz Roy
La Justicia Federal impuso una medida cautelar por 90 días a la Municipalidad de El Chaltén para frenar la infiltración de hidrocarburos y aceites desde el predio del CARRI hacia el río Fitz Roy y la reserva natural contigua.
La jueza Mariel Borruto, al frente del Juzgado Federal de Río Grande, hizo lugar al pedido cautelar solicitado por la Unidad Fiscal Río Gallegos, a cargo del fiscal interino Julio Zárate. La resolución restringe las actividades en el Centro de Acopio de Residuos Reciclables Inorgánicos (CARRI) exclusivamente a la recepción, clasificación, compactación, acondicionamiento y traslado de materiales inorgánicos recuperables, limpios y secos.
El dictamen prohíbe expresamente cualquier tipo de enterramiento, quema, vuelco, cobertura con tierra o disposición final de desperdicios dentro del terreno situado sobre la costanera norte. Asimismo, veda el ingreso de residuos orgánicos, peligrosos o de generación universal, y suspende las tareas de mantenimiento mecánico, cambio de lubricantes y lavado de camiones sobre superficies sin impermeabilizar.
El tribunal otorgó un plazo de 48 horas para delimitar, aislar y señalizar los sectores donde se registraron vertidos de sustancias grasas, los recipientes con combustibles, los puntos de toma de muestras y las áreas linderas al curso de agua. En paralelo, fijó 10 días para que el municipio inventaríe, envase y entregue la totalidad de los aceites usados y envases contaminados a operadores y transportistas habilitados.
Las medidas se desprenden de un allanamiento llevado a cabo en mayo por la Prefectura Naval Argentina. Los peritajes sobre las muestras de suelo extraídas del predio confirmaron la presencia de HEM (grasas y aceites) e hidrocarburos (SGT-HEM). Dada la ausencia de contención e impermeabilización en el suelo natural, la fiscalía fundamentó el riesgo de escorrentía y filtración directa hacia la cuenca hídrica.
El expediente tramita por presunta infracción a la Ley 24.051 de residuos peligrosos, bajo los principios precautorios amparados por la Ley General del Ambiente N° 25.675, el artículo 41 de la Constitución Nacional y el Código Procesal Penal Federal. Cualquier intervención edilicia o remoción de suelo en la zona afectada deberá coordinarse con el Ministerio Público Fiscal para resguardar el material probatorio de la causa.
