La jueza federal Eva Parcio ordenó la detención de Gustavo Páez, Sergio Castelucci Muñoz y Luis Messina en el marco de la denominada «Causa Corredor Norte». Los tres enfrentan cargos por comercialización de estupefacientes agravada por la intervención de tres o más personas. En paralelo, Alegaris Román, de nacionalidad dominicana, recuperó su libertad, aunque deberá comparecer quincenalmente ante el juzgado y tiene prohibido salir de la zona sin autorización.
El nexo con la zona norte santacruceña resultó clave para la pesquisa a cargo del Ministerio Público Fiscal. Los investigadores de la División Drogas Peligrosas lograron reconstruir los movimientos de los acusados luego de que personal policial identificara en un control de ruta un Honda Civic perteneciente a Messina. Días más tarde, las tareas de vigilancia documentaron un nuevo viaje hacia Caleta Olivia a bordo de una Ford Ranger, donde los sospechosos concretaron reuniones con distintos contactos locales.
Vehículos modificados y cargamento
La investigación sostiene que la droga ingresaba al sur camuflada en vehículos particulares. Tras los seguimientos, el 24 de septiembre se ejecutaron diversos allanamientos que culminaron con el secuestro de más de cinco kilos de cocaína.
La mayor parte del cargamento estaba oculta dentro de la estructura de una camioneta Chevrolet S10 con patente mendocina, vinculada a Páez. Para detectar los ladrillos de droga, los peritos debieron utilizar una cámara especial que reveló modificaciones y tornillos adulterados en la compuerta de la caja. El resto del estupefaciente fue hallado dentro de un bolso escondido en el techo del domicilio donde residían Páez y Castelucci Muñoz.
Peritajes en curso
Con los principales sospechosos procesados, la investigación ingresó en una fase de análisis financiero y tecnológico para determinar las responsabilidades individuales.
La magistrada autorizó el levantamiento del secreto bancario de las cuentas y billeteras virtuales de Páez y Román para rastrear la ruta del dinero. Asimismo, ordenó la extracción de datos de los teléfonos celulares incautados durante los operativos. Los peritajes tecnológicos abarcarán el historial de llamadas, mensajes y archivos generados entre el 1 de agosto y el día de los allanamientos, con el objetivo de identificar a otros eslabones de la cadena de distribución.