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Presentan el proyecto de Código Procesal Penal para instaurar el sistema acusatorio en Santa Cruz
El Colegio Público de la Abogacía presentó en Río Gallegos una propuesta con 402 artículos para reemplazar el esquema mixto actual por un modelo acusatorio, oral y público en la justicia provincial.
El Instituto de Derecho Penal de la entidad dejo las bases de la iniciativa en la sede de Kirchner 1951, con participación de letrados locales y conexión remota para profesionales del interior provincial. La presentación estuvo a cargo del presidente del instituto y autor del texto, Joaquín A. Cabral, junto a la titular de la institución, Diana Huerga Cuervo, y el abogado Javier Stoessel.
La propuesta es el resultado de un trabajo técnico desarrollado durante más de cinco años e introduce una transformación estructural en la dinámica de los procesos penales de la provincia.
El texto otorga la responsabilidad de la investigación y la carga acusatoria al Ministerio Público Fiscal. Con este esquema, la defensa asume la contradicción directa de las actuaciones y los jueces se concentran en el control de las garantías constitucionales y la resolución de las causas, eliminando la intervención directa de los jueces de instrucción en la etapa investigativa.
El trámite del proceso estará centrado en audiencias orales y públicas con registro audiovisual, reduciendo el volumen de los expedientes escritos. Asimismo, la iniciativa incorpora la figura del juicio por jurados, cuya aplicación efectiva requerirá la posterior sanción de leyes especiales que regulen el mecanismo de selección de los ciudadanos.
Respecto a las medidas restrictivas de la libertad, la prisión preventiva queda delimitada como una herramienta de carácter excepcional, supeditada a la verificación de riesgos procesales concretos. Se fijan plazos máximos, revisiones periódicas y se establece de forma explícita que la condición socioeconómica, la falta de empleo o la nacionalidad del imputado no podrán emplearse como fundamento para disponer el encarcelamiento preventivo.
En el ámbito probatorio, la normativa integra protocolos específicos para la obtención, conservación y trazabilidad de la evidencia digital y la prueba científica. También prevé el fortalecimiento de las intervenciones de las víctimas y contempla la restitución cautelar de inmuebles frente a situaciones de usurpación.
En lo concerniente al fuero juvenil, el proyecto adecua el procedimiento a los lineamientos del régimen nacional. La normativa incorpora los principios de especialidad, autonomía progresiva y soluciones restaurativas, manteniendo la privación de la libertad como última ratio e imponiendo la capacitación técnica de todos los operadores del sistema.
El proyecto ingresará formalmente a la Cámara de Diputados de Santa Cruz en los próximos días para dar inicio a su debate en comisiones. El documento normativo está acompañado por estudios técnicos sobre la reorganización territorial de los tribunales, los requerimientos de infraestructura, la reasignación de recursos humanos y la estimación del impacto presupuestario.
