Garay ratificó la legalidad del proyecto en Península de Magallanes y responderá ante Diputados

Hugo Garay, presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP), salió al cruce de las versiones sobre la presunta cesión irregular de tierras o el aval a construcciones al margen de la ley en la Península de Magallanes. El funcionario remarcó la transparencia de los procedimientos administrativos ejecutados y confirmó que el organismo concurrirá a la Cámara de Diputados para exponer la documentación técnica correspondiente al emprendimiento turístico.

«Acá no hay nada oculto, hicimos todo bajo la normativa vigente», afirmó Garay en declaraciones radiales, oportunidad en la que expresó su malestar por los trascendidos que distorsionan el trabajo del organismo.

El titular del CAP precisó que el inmueble afectado al proyecto forma parte del dominio privado desde la década de 1960, momento en que la Provincia otorgó las titulaciones correspondientes. De las 38.900 hectáreas que integran el área protegida de la Península de Magallanes, solo un porcentaje minoritario y de difícil acceso permanece bajo la órbita pública, encontrándose la mayor parte del territorio en manos de particulares.

Respecto al marco legal, Garay recordó que el Plan de Manejo de la Península de Magallanes se aprobó en 2022, durante la gestión provincial previa, tras un proceso que incluyó estudios técnicos, adecuaciones y la correspondiente audiencia pública. En ese contexto, la propuesta inicial presentada por la empresa requirió diversas readecuaciones fijadas por el CAP hasta alcanzar un diseño ajustado a los parámetros vigentes.

El emprendimiento contempla la construcción de un complejo turístico sobre un predio privado de 20 hectáreas. La infraestructura prevé 24 cabañas con una capacidad máxima de 60 plazas, además de espacios comunes y senderos.

La empresa privada presentó el Estudio de Impacto Ambiental en 2023, obteniendo la aprobación formal en 2024 tras la evaluación de las áreas competentes. El esquema de fiscalización del CAP supervisará que la obra cumpla con los requerimientos específicos en materia de tratamiento de efluentes y medidas de prevención de incendios.

La iniciativa busca diversificar la oferta hotelera de El Calafate y captar un segmento de demanda que actualmente no cuenta con este tipo de alternativas en la zona, alineado con la política de desarrollo e inversión privada que promueve la gestión del gobernador Claudio Vidal para dinamizar la economía local bajo criterios de conservación ambiental.

La intervención del CAP en el ámbito parlamentario se formalizará en respuesta al pedido de informes solicitado por la Cámara de Diputados.

El organismo provincial concurrirá a la cita legislativa con los equipos técnicos de Áreas Protegidas y los profesionales del área legal del CAP, quienes pondrán a disposición la totalidad del expediente administrativo y responderán a las consultas formuladas por los representantes de los distintos bloques.