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El presidente de la FESC, Guillermo Polke, alertó sobre los niveles de morosidad en la provincia, denunció el impacto de los embargos de ARCA sobre las pymes y cuestionó la falta de respuestas del Gobierno provincial a los pedidos de la entidad.
Uno de cada cinco santacruceños está endeudado y lo hace para cubrir necesidades básicas de alimentación, según alertó el presidente de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC), Guillermo Polke. El referente empresarial descartó que el crédito se destine a inversión o consumo personal y lo encuadró en un escenario de mera subsistencia.
Polke señaló la caída del consumo en rubros esenciales de la canasta básica —pan, leche, carne y verdura— y advirtió sobre las tasas de interés que aplican las billeteras virtuales, del orden del 800 al 900 por ciento anual. «Si la gente se está endeudando para comer y no lo puede pagar, hay menos dinero y menos actividad económica», sintetizó.
La retracción del consumo se refleja en una constante de persianas bajas en distintos municipios de la provincia. Polke indicó que los cierres de negocios se incrementan día a día, no solo en Río Gallegos sino en todo el territorio santacruceño, y afirmó que no vislumbra una mejora ni una política que asista al sector comercial.
Sobre la presión fiscal, apuntó contra ARCA: «Cuando a una pyme le cae un embargo de ARCA es un certificado de defunción, porque no puede facturar, vender ni pagar a proveedores». La entidad logró la sanción de la Ley de Emergencia Pyme a nivel provincial, pero ARCA no se adhirió al régimen a escala nacional. La FESC gestiona reuniones con legisladores y dirigentes de todo el país, aunque según Polke «el Ejecutivo nacional no da señales de querer tirar un salvavidas a la pyme».
Polke ratificó que el Gobierno provincial no convocó a la FESC pese a las múltiples presentaciones realizadas. En el Ministerio de la Producción solicitaron una apertura de investigación por presuntas irregularidades, pero no obtuvieron respuesta.
La entidad también envió pedidos de información pública sobre la situación de la S.A.U. Polke denunció que dentro del predio estatal funciona un mercado concentrador a cargo de una empresa privada sin habilitación, lo que configura competencia desleal frente a los comercios habilitados de la provincia.
Además, cuestionó la asignación de recursos públicos a emprendimientos como el bodegón estatal, el lubricentro y las tratativas para una farmacia dentro del programa Santa Cruz Puede. «Una farmacia, un bodegón o una verdulería no van a cambiar la matriz económica y generan gastos en empleados y funcionarios», planteó.
La FESC tampoco fue citada para participar del proyecto de marco regulatorio para martilleros públicos que se debate en la Legislatura. Polke consideró que la entidad debería integrar esa discusión en tanto sector afectado o beneficiado.
En el plano nacional, la Cámara de Diputados avanzó con la fijación de fecha de tratamiento para los proyectos que abordan el sobreendeudamiento de los consumidores. La sesión registró 249 votos a favor y uno solo en contra, emitido por el diputado santacruceño José Luis Garrido. Polke no conversó con el legislador, pero destacó el consenso transversal alcanzado: «Que haya tantos votos a favor demuestra que es algo necesario que tiene que ser tratado».
El estado de las presentaciones de la FESC ante el Gobierno provincial y el Ministerio de la Producción permanece sin respuesta oficial. El tratamiento del sobreendeudamiento en el Congreso nacional avanza con consenso amplio, mientras en Santa Cruz los indicadores de morosidad y cierre de comercios siguen por encima de la media nacional.