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Amplían denuncia contra Mercado Pago por las tasas de sus préstamos y piden suspender los cobros
Un dirigente nacional del Partido Obrero solicitó a la Justicia la suspensión provisoria del cobro de créditos otorgados por Mercado Pago y Mercado Crédito. La presentación cuestiona las tasas aplicadas al financiamiento y apunta a Marcos Galperín.
La Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional analiza un pedido de medida cautelar para frenar temporalmente la percepción de las cuotas de los préstamos concedidos por Mercado Pago y Mercado Crédito. La solicitud forma parte de una ampliación de la denuncia presentada por el dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, contra la cúpula directiva de Mercado Libre y su fundador, Marcos Galperín.
El planteo radica en el Juzgado Criminal y Correccional N° 53, a cargo del juez Francisco Carlos Ponte, donde se objetan los márgenes financieros aplicados por la compañía. El escrito califica de desproporcionada la brecha entre los rendimientos ofertados por el saldo en cuenta y el costo de los préstamos ofertados dentro del ecosistema digital.
Los argumentos de la presentación judicial
La presentación judicial enfatiza los siguientes puntos técnicos y comparativos sobre la operatoria de la plataforma:
- Costo Efectivo Total (CET): La denuncia sostiene que las opciones de crédito de la plataforma pueden alcanzar un CET del 1.375,94% anual, un valor que contempla la tasa de interés y los costos financieros asociados.
- Diferencial de rendimiento: Se señala que la firma cobra entre 2,3 y 8 veces más por el dinero otorgado en préstamo que lo que rinde el capital depositado por los propios usuarios en sus cuentas.
- Comparación regional: El escrito contrapone los valores locales con los de Brasil, donde la misma compañía opera con un costo efectivo que resulta hasta 21 veces menor. Según la acusación, la asimetría responde a las diferencias del marco regulatorio argentino.
Estatus regulatorio y situación del servicio
El cuestionamiento principal apunta a que la empresa opera por fuera del esquema de las entidades financieras tradicionales, lo que evita que quede sujeta a los controles sobre tasas que impone el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
La solicitud de medida cautelar busca pausar los cobros mientras se sustancia la investigación, argumentando que de lo contrario se consolidaría el daño denunciado. No obstante, al no existir una orden judicial dictada por el juez Francisco Carlos Ponte, los compromisos financieros asumidos por los usuarios de la plataforma continúan vigentes bajo las condiciones contractuales pactadas originalmente.
