Inquilinos Santa Cruz advirtió que el proyecto de desregulación inmobiliaria profundizará la crisis habitacional

El referente de la organización, Matías Solano, afirmó que la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional eliminará fiscalizaciones a intermediarios, favorecerá estafas y complicará aún más los contratos de alquiler en la provincia.

El proyecto para desregular la actividad inmobiliaria impulsado por el Ejecutivo nacional encendió las alarmas en el sector locativo. Desde la asociación Inquilinos Santa Cruz sostuvieron que la medida quita herramientas de control sobre quienes ejercen la intermediación comercial, lo que incrementará los casos de fraude y dejará desprotegidos a las familias que buscan un techo.

Aunque la matrícula inmobiliaria en la provincia cuenta con antecedentes de desregulación, la eliminación de fiscalizaciones a nivel nacional elimina las garantías básicas de idoneidad profesional. «Las regulaciones existen para equilibrar relaciones desiguales de poder entre propietarios, inmobiliarias e inquilinos», expresó Matías Solano en Radio LU12 AM680. El dirigente advirtió que la ausencia de normas estatales deja las condiciones de contratación a merced de los sectores con mayor poder económico.

El deterioro del mercado habitacional se profundizó a partir del DNU 70/2023, norma que derogó la Ley de Alquileres. En la capital provincial, la mayor disponibilidad de inmuebles observada en los últimos meses no responde a un descenso en los precios, sino a la crisis económica y a la emigración de familias que abandonan la provincia ante la pérdida de empleo y el costo de vida.

Los valores de los alquileres continúan en ascenso y representan una porción cada vez más alta de los ingresos familiares. Con actualizaciones trimestrales o cuatrimestrales e índices heterogéneos, la mayoría de los inquilinos no logra sostener los contratos más allá del primer año y se ve obligada a mudarse. Esta rotación constante genera gastos adicionales en comisiones y depósitos, situación que empuja a los damnificados a tomar créditos bancarios o financieros con tasas elevadas.

A este panorama se suma el crecimiento de los alquileres temporarios, una modalidad que reduce la oferta de viviendas permanentes y presiona los valores al alza. Ante la falta de previsibilidad contractual y de políticas públicas orientadas al acceso a la vivienda, la organización ratificó la necesidad de reestablecer marcos regulatorios que brinden estabilidad a los inquilinos.