Vidal define el aumento policial por decreto mientras busca financiamiento para las cajas

El Ejecutivo provincial oficializó la suba salarial para la fuerza de seguridad mediante resolución tras el fracaso de las paritarias. En paralelo, Economía promueve la Ley de Financiamiento Estratégico para paliar el déficit previsional y reactivar obras.

El Gobierno de Santa Cruz ratificó la vigencia de la Resolución N° 342/26, que establece la nueva escala salarial para el personal de la policía y del servicio penitenciario. La medida, que en los próximos días será refrendada por decreto del gobernador Claudio Vidal, se adoptó de forma unilateral tras un mes de negociaciones sin acuerdo en el Consejo del Salario, donde la representación policial rechazó quince propuestas oficiales.

Con esta recomposición, el haber de un agente ingresante pasa de $1.182.351 a $1.746.634 en julio, y alcanzará los $1.814.279 en la segunda etapa del cronograma. Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que la oferta representa el máximo esfuerzo fiscal posible y ubica los salarios de la fuerza local entre los más altos del país para la categoría inicial.

La aplicación del aumento salarial coincide con un clima de tensión dentro de la fuerza. El ministro Pedro Prodromos confirmó que se aplicarán descuentos por los días no trabajados a quienes no presten servicio y adelantó que las áreas jurídicas evalúan denuncias penales por presunta sedición. La advertencia surge a partir de audios en los que se insta a los efectivos a ausentarse y a retener el armamento reglamentario. Según el funcionario, uno de los referentes de la protesta no se encuentra en actividad y enfrenta un proceso en la Justicia Federal.

En contrapartida, el Ministerio de Seguridad anunció que se otorgará un reconocimiento económico al personal policial y penitenciario que mantuvo la prestación regular de tareas durante las semanas de conflicto.

La paritaria policial se inscribe en un marco macroeconómico provincial complejo. El ministro de Economía, Ezequiel Verbes, defendió la necesidad de avanzar con el proyecto de la Ley de Financiamiento Estratégico, que contempla inversiones por 900 mil millones de pesos para obras de infraestructura y energía destinadas a mejorar la competitividad local.

El principal foco de presión sobre el tesoro santacruceño radica en el déficit proyectado de la Caja de Previsión Social y de la Caja de Servicios Sociales, que asciende a 338 mil millones de pesos. Esta situación condiciona de forma directa el cumplimiento de jubilaciones, coberturas médicas y derivaciones sanitarias.

A raíz del reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia sobre los aportes jubilatorios municipales, la cartera económica inició una ronda de reuniones con intendentes y comisionados de fomento para coordinar diagnósticos y buscar alternativas financieras. Respecto de los reclamos por la coparticipación, el ministro descartó abrir el debate en el corto plazo:

«Redistribuir menos recursos significa discutir pobreza. Primero hay que generar más recursos para la provincia.»

El Ejecutivo provincial continúa gestionando líneas de financiamiento transitorias para garantizar el funcionamiento del Estado, mientras se aguarda el tratamiento legislativo del proyecto de financiamiento a largo plazo.