Crisis judicial en Santa Cruz por demoras estructurales y pedido de auditorías provinciales

La abogada Diana Huerga Cuervo expuso esta semana en Río Gallegos la parálisis del Poder Judicial santacruceño debido a fallas organizativas históricas detectadas mediante auditorías oficiales.

La presidente del Colegio Público de la Abogacía indicó que el colapso de la administración de justicia obedece a deficiencias de fondo consolidadas durante la última década. Los resultados de los relevamientos internos coinciden con las recientes fiscalizaciones ordenadas por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gabriel Contreras, que ratifican el estancamiento en las sedes de la zona norte.

Las evaluaciones oficiales en localidades como Caleta Olivia y Pico Truncado mostraron oficinas prácticamente inactivas. En uno de los despachos revisados se constataron más de 150 presentaciones escritas sin asignación de un agente responsable para su tramitación ordinaria. El informe institucional señala que las demoras de dos o tres meses para resoluciones elementales se transformaron en una conducta habitual, afectando el principio internacional del plazo razonable.

El área más afectada corresponde a los juzgados de familia, donde se tramitan asuntos de alta vulnerabilidad. Se adoptaron resoluciones provisorias sobre cuotas alimentarias sin concretar audiencias previas ni posibilitar el contacto directo entre magistrados y ciudadanos afectados. La falta de respuestas oportunas fomenta la aplicación de soluciones técnicas defectuosas.

Ante los hallazgos en el sector norte, los matriculados formalizaron un pedido para que el Tribunal Superior de Justicia replique el mismo esquema de control en la Circunscripción Judicial N° 1, correspondiente a la región sur de la provincia. La representación de los letrados sostiene que las dependencias de esta capital presentan niveles de retraso similares o superiores a los ya documentados. Frente a los argumentos oficiales sobre la escasez de personal, la institución contrapuso que las falencias deben notificarse formalmente sin desatender los derechos de la población.

En paralelo al diagnóstico del sistema, la organización gremial inauguró su primera sede física en el territorio santacruceño. Las dependencias cuentan con áreas destinadas a conexiones telemáticas, espacios de trabajo compartido y salones para capacitaciones de postgrado. El inicio de actividades incluye deliberaciones técnicas con especialistas enfocados en el uso de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a procesos legales contemporáneos.

La resolución de las demoras acumuladas durante más de 10 años requerirá un esquema de normalización paulatina, según estiman en el ámbito legal. Aunque el tribunal supremo provincial continúa el procesamiento de los datos recolectados en las inspecciones, las proyecciones institucionales supeditan la mejora del servicio a la transparencia en la declaración de las vacantes y los recursos físicos disponibles en cada jurisdicción.