Incidentes en el ingreso al foro LLA y repudio del gobierno provincial

Militantes de izquierda y del kirchnerismo agredieron a dirigentes libertarios y trabajadores de prensa este viernes en Río Gallegos durante el acceso al Foro Austral de La Libertad Avanza. El encuentro político, convocado para consolidar la estructura de la fuerza gobernante a nivel nacional en la Patagonia, buscaba respaldar la postulación del diputado nacional Jairo Guzmán. Según los organizadores, el evento se planificó como un espacio para el intercambio de propuestas ideológicas de cara a los comicios de 2027. La actividad programada quedó distorsionada por manifestaciones violentas en la vía pública.

Durante la etapa de acreditaciones, grupos de manifestantes arrojaron huevos, pirotecnia y residuos contra los asistentes. Registros audiovisuales de la prensa muestran agresiones físicas y verbales. El fotógrafo Leandro Franco sufrió ataques mientras realizaba la cobertura, y el cronista Juan Suárez recibió impactos de bolsas de basura cuando entrevistaba a Gladys Montiel, titular de Anses Zona Sur. Ante el avance de las columnas del Partido Obrero y del MST, que derribaron parte de las estructuras de contención, intervino personal de la Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Las autoridades reforzaron el perímetro debido a la escalada de empujones y golpes de puño entre manifestantes y militantes libertarios.

El referente provincial Giovany Albea lamentó la imposibilidad de desarrollar un debate pacífico y ratificó la continuidad de la agenda política del espacio. Jairo Guzmán vinculó la virulencia de los reclamos con la situación salarial de Santa Cruz y la huelga de las fuerzas policiales provinciales, argumentando motivaciones partidarias detrás del conflicto. Desde la perspectiva de los manifestantes, Víctor Quiñones señaló que la movilización responde al descontento social generado por los recortes presupuestarios dispuestos por el Congreso Nacional, especialmente los que afectan a jubilados y al sector de discapacidad. No obstante, se distanció de los hechos de violencia física registrados en el lugar.

A través de un comunicado oficial, las autoridades provinciales de Santa Cruz manifestaron un enérgico rechazo a los episodios, calificándolos como un perjuicio para la convivencia democrática. Cuestionaron las declaraciones de funcionarios municipales alineados con el intendente Pablo Grasso, quienes habrían proferido descalificaciones hacia el foro político al calificarlo de aguantadero. Respecto a la seguridad, la administración aclaró que la custodia federal fue solicitada por los propios organizadores ante la concurrencia de parlamentarios nacionales. El despliegue inicial constó de aproximadamente diez agentes de fuerzas federales dedicados a contener el vallado de acceso.

El oficialismo provincial aspira a que las discrepancias partidarias se canalicen por vías institucionales sin alterar el orden público. Por el momento, los referentes de la organización confirmaron que mantendrán el desarrollo de sus actividades en la región, mientras los sectores sindicales y de izquierda sostienen sus planes de movilización frente a las reformas macroeconómicas vigentes.