Acampe ante la gobernación y reclamo por diálogo

Efectivos policiales autoconvocados mantienen hoy un asentamiento frente a la gobernación de Río Gallegos, en demanda de mejoras en sus haberes ante la suspensión de los canales oficiales. De acuerdo con lo que explicaron a la prensa local los representantes de la protesta, la instalación de carpas, responde al estancamiento de las conversaciones económicas con el Poder Ejecutivo santacruceño. La manifestación reúne a agentes de diversas dependencias de la capital provincial, quienes manifestaron su disconformidad con la gestión del conflicto.

La justificación del sector se centra en la pérdida del poder adquisitivo y el rechazo a las postergaciones de los encuentros pautados con anterioridad. El personal subalterno y oficial interviniente sostiene que la medida busca dar visibilidad pública a un descontento que consideran generalizado dentro de la organización de seguridad.

La protesta se consolidó en los alrededores del edificio gubernamental. El suboficial mayor Rodríguez, vocero de la manifestación, detalló que la presencia en el lugar es una reacción directa a lo que califican como un destrato hacia el personal activo. Los agentes movilizados manifestaron que existe cohesión interna en el reclamo. Según expuso el referente, las bases se encuentran consolidadas en el propósito de sostener la ocupación del espacio público hasta obtener una propuesta salarial que cubra las necesidades básicas de los trabajadores de la seguridad pública.

El foco de las críticas apunta a la cúpula del Ministerio de Seguridad y de la Jefatura de Gabinete. Los uniformados denunciaron la incomparecencia del ministro Pedro Prodromos y del jefe de ministros Pedro Luxen en las instancias formales de concertación. «Ya no le creemos nada», explicó en alusión a las justificaciones administrativas vertidas por el gobierno provincial para suspender las mesas de negociación. La desconfianza mutua obstaculiza la restitución del diálogo regular entre las partes.

Respecto a las intimaciones para desocupar los accesos a la sede del ejecutivo, los policías negaron el bloqueo del ingreso o egreso de personal administrativo o ciudadanos. Los manifestantes sostuvieron que el edificio posee múltiples umbrales de entrada y que la circulación peatonal ocurre entre las tiendas instaladas sin impedimentos físicos directos. Por otra parte, los representantes del movimiento hicieron eco de versiones circulantes que indican la emisión de órdenes de captura para 10 de los organizadores del acampe. Ante esta posibilidad, el personal autoconvocado instó a los funcionarios judiciales y policiales a presentarse en el sitio, al tiempo que ratificaron que el propósito principal se limita a la negociación colectiva.

La controversia sumó argumentos vinculados a las declaraciones emitidas por la actual gestión gubernamental durante el período proselitista anterior, cuando se calificó a la sede oficial como una institución abierta a la ciudadanía. Los efectivos bajo reclamo argumentaron que, en su condición de contribuyentes y ciudadanos locales, poseen el derecho legítimo a manifestar sus demandas laborales en dicho recinto de representación popular.