Condenan a Jorge Cruz dos años de prisión en suspenso, la defensa apelará

La Cámara Criminal de Santa Cruz condenó este lunes a Jorge Cruz a una pena en suspenso por el homicidio culposo de dos operarios en 2019, resolución que su defensa apelará.

Según explicaron fuentes judiciales, la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial concluyó el debate oral por el deceso de dos operarios ocurrido en 2019. El tribunal dictó una condena de ejecución condicional contra Cruz bajo la figura de homicidio culposo, fijando además normas de conducta obligatorias por un periodo de cuatro años.

El expediente penal se inició tras el fallecimiento de Michael Iturra y Diego Sosa, quienes perdieron la vida mientras realizaban tareas de ensamblaje en una estructura de gran altura. Tras las audiencias, el tribunal determinó la culpabilidad del principal acusado, pero resolvió la absolución del coimputado Rubén Rogelio Romero por el principio de la duda.

Luego de conocerse la decisión, el abogado defensor Gabriel Giordano ratificó que apelarán el dictamen. El representante legal afirmó que revisarán los fundamentos técnicos una vez que obtengan el documento completo, ya que observa fallas en la justificación de la sanción.

«Los jueces resolvieron diversas cuestiones técnicas», explicó, aludiendo a la nulidad parcial que afectó al alegato de las querellas. El defensor argumentó que la penalidad carece de una argumentación clara basada en el articulado del Código Penal, criticando la falta de correlación entre los pedidos de las partes y lo dictaminado.

En cuanto a la situación del coimputado absuelto, la defensa expresó disconformismo respecto a la exculpación de Rubén Rogelio Romero y evalúa presentar un planteo de nulidad. La argumentación sostiene que el absuelto poseía una intervención directa previa en la gestión de la obra donde se desencadenó el siniestro.

Según la postura defensiva, existen evidencias que vinculan a Romero con el manejo del proyecto edilicio. Durante el juicio oral se reprodujeron más de 320 audios. De acuerdo con lo que explicaron los profesionales, estos registros demuestran un vínculo estrecho entre el implicado y los damnificados de la obra, presuntamente a espaldas de Cruz.

La estrategia de apelación enfrenta un obstáculo normativo debido a que las leyes procesales de Santa Cruz restringen el acceso a la instancia de casación cuando las penas aplicadas resultan inferiores a los cinco años de prisión. Por esa razón, los asesores analizan los mecanismos jurídicos para sortear esta limitación formal.

A su vez, la defensa planteó una crítica institucional sobre la organización del Poder Judicial santacruceño. El letrado remarcó que la provincia carece de un tribunal específico de casación penal, lo cual ralentiza los plazos de revisión de los legajos. Según su perspectiva, la reforma del sistema requiere expandir los tribunales y crear un cuerpo especializado.