Minería en Santa Cruz: intimación por fallas operativas y control de empleo local

El Ministerio de Trabajo provincial inició sumarios administrativos a la empresa Newmont tras detectar anomalías operativas y de higiene en el yacimiento Cerro Negro. El Gobierno de Santa Cruz intimó este jueves a la empresa Newmont en Río Gallegos tras detectar irregularidades en materia de seguridad laboral en el yacimiento Cerro Negro.

Las autoridades provinciales mantuvieron un encuentro con la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y directivos de la firma para evaluar el alcance de los apercibimientos. El propósito principal de la administración consiste en revertir las deficiencias logísticas y asegurar que la compañía implemente reformas inmediatas en sus esquemas de prevención interna.

Las inspecciones de fondo se realizaron entre el 21 y el 28 de mayo pasados. Equipos técnicos de los ministerios de Trabajo y de Energía y Minería recolectaron evidencias sobre anomalías en el área operativa, la higiene general y las condiciones edilicias de las plataformas de trabajo en las cercanías de Perito Moreno.

El procedimiento derivó en la apertura de expedientes regulatorios por infracciones específicas. Las actas labradas obligan a la empresa a presentar planes correctivos de manera urgente. «Citamos a la empresa para que nos explique cuáles son las acciones», indicó en referencia a la necesidad de obtener respuestas institucionales sobre las zonas afectadas.

La gobernación provincial dispuso un aumento en el cronograma de auditorías para toda la actividad extractiva de la región. El área laboral ratificó que existen mandatos expresos del gobernador Claudio Vidal y del jefe de Gabinete Pedro Luxen, orientados a sostener la fiscalización sistemática en el territorio. Las autoridades sectoriales manifestaron la obligatoriedad de readecuar las estructuras para resguardar la integridad física del personal que cumple jornadas extendidas a la intemperie.

El conflicto abrió un segundo frente de discusión institucional vinculado al mercado de empleo regional. El Poder Ejecutivo santacruceño prevé avanzar en paralelo en la aplicación estricta de la Ley 90-10, un marco regulatorio orientado a garantizar que la mayor parte de las vacantes operativas sean cubiertas por habitantes de la provincia. La medida impacta directamente en los criterios de selección de la corporación minera.